La incapacidad ejecutora del gobierno

La fortaleza de un gobierno incluye algo más que su legitimidad medida en la aprobación de la propia gestión. La administración eficaz de los recursos públicos para atender las demandas prioritarias de una sociedad forma parte, en igual medida, de ese estándar. En el Perú, con territorios diversos y problemas igualmente distintos, esa tarea requiere procesos de descentralización que hoy, dicho sea de paso, siguen mostrando brechas importantes de capacidad técnica.

Los sectores con asignaciones específicas para el Fenómeno El Niño acumulan un avance inferior al 11% al cierre de septiembre. El Ministerio de Vivienda registra el 0,1% de gasto en sus fondos de prevención y el de Agrario y Riego llega al 10,1%. La Presidencia del Consejo de Ministros, con el mejor desempeño del conjunto, alcanza solo el 40%, cifra insuficiente para una emergencia de plazos conocidos.

La responsabilidad de esa inoperancia alcanza, en ese sentido, al gobierno central. Vale decir que las carteras nacionales operan con equipos especializados y sistemas de control en tiempo real. A pesar de contar con esas y otras herramientas, el Ejecutivo produce resultados similares de ineficiencia a los que normalmente suele atribuirse a quienes dependen de su conducción en los gobiernos regionales y locales.

Los ciudadanos deben saber que esos montos asignados a la prevención sin desembolsar antes del fin del año fiscal, si sigue la incapacidad, regresarán a las arcas públicas. Y, lo peor de todo es que los territorios más vulnerables afrontarán la época de lluvias sin las obras prometidas.

El fujimorismo y sus aliados en la cámara de diputados y senadores responsabilizaban a la oposición parlamentaria por dilatar la aprobación de facultades cuando en realidad ponían cotos a temas que requerían debate amplio en el Congreso. A pesar de haberse aprobado un texto desnaturalizado por la fuerza de su ligera mayoría en la cámara alta, insisten en no publicar decretos para atender la emergencia inminente por el FEN.

No obstante, la historia de las emergencias en el Perú distingue quién actuó antes y quién no hizo nada o muy poco. El Ejecutivo que administra los fondos para El Niño y los deja sin ejecutar compromete la seguridad de las poblaciones a su cargo. Con esa omisión construye un legado de inoperancia que el tiempo volverá visible en los votos cuando sea el momento.