Navegando en aguas turbulentas. El estrecho margen de la política económica, por Javier Herrera

El premio Nobel de economía ha sido otorgado a Robert Hall y Michael Woodford por sus modelos neokeynesianos, que “nos permiten explicar y cuantificar cómo la política de estabilización afecta a los ciclos económicos” En el Perú, ¿cuánto margen queda para conducir la economía en contextos inciertos y tumultuosos?

La política económica no se decide en el vacío. Su alcance y eficacia depende de la calidad de las instituciones, de la estructura productiva, de la inserción internacional y la capacidad de construir acuerdos. En el Perú, las restricciones se acumulan: dependemos de volátiles precios de los minerales, existe una informalidad laboral masiva, enfrentamos un comercio mundial condicionado por la geopolítica y estamos expuestos a desastres climáticos y sísmicos. A ello se suma la fragmentación política e instituciones débiles. Históricamente, el resultado ha sido inestabilidad macroeconómica con impactos desiguales sobre la población.  

En 2025, los productos mineros representaron el 66,7% de las exportaciones totales del Perú. La elevada concentración minera nos expone a las fluctuaciones de los precios internacionales, generando choques negativos (y positivos) que zarandean la economía nacional. Podemos producir más cobre, oro o zinc, pero no fijar sus cotizaciones ni controlar el crecimiento de China, o los conflictos internacionales. En los últimos 25 años, el precio de nuestras exportaciones ha variado de un año al otro en un rango de +38.3% y -15.3%. El alza del precio de los combustibles desde febrero hasta la fecha (+51.9% en petróleo Brent, casi duplicados para la gasolina y el diésel) nos impacta negativamente en la medida que solo producimos el 20% de lo que necesitamos.

El auge de los precios de minerales aumenta el valor de las exportaciones, las divisas y la recaudación; una caída puede frenar la inversión, el consumo y los ingresos fiscales. El alza de los combustibles se propaga en la economía induciendo presiones inflacionarias, caída de los ingresos reales, de la demanda y mayor pobreza. Los ciclos económicos en los últimos 75 años han estado correlacionados con la evolución de los términos de intercambio (precios de exportaciones relativo al de las importaciones).

El BCR dispone de instrumentos monetarios y cambiarios (compra/venta de dólares, tasas de interés, encaje bancario, entre otros), que, manejados con criterio técnico, permiten afrontar turbulencias externas. El BCR puede modificar su tasa de referencia y gestionar la liquidez para controlar la inflación y moderar los ciclos económicos, pero al mismo tiempo las decisiones de la Reserva Federal estadounidense sobre las tasas de interés de los bonos americanos le imponen límites. Además, una reducción de las tasas nacionales puede estimular el crédito, el consumo y la inversión, pero sus efectos dependen de las expectativas y del acceso al sistema financiero. El MEF por su parte cuenta con el Fondo de Estabilización Fiscal y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), ambosdestinados a atenuar los choques adversos.

La capacidad de respuesta también depende de ahorrar durante las bonanzas, preservar la sostenibilidad fiscal e invertir en infraestructura, educación, salud y tecnología. Gastar los ingresos extraordinarios como si fueran permanentes puede convertir una bonanza temporal en un problema fiscal futuro. Las reservas internacionales, sin embargo, no son fondos disponibles para financiar el gasto público, compran tiempo; diversificar la producción reduce la vulnerabilidad.

La informalidad limita el alcance de las políticas públicas y reduce la base tributaria, estrechando el margen para financiar servicios públicos. Las políticas salariales tienen un alcance reducido y desigual en una economía donde el 65% de los trabajadores urbanos son informales, con ingresos más inestables y acceso incompleto a la protección social.

Aranceles, subsidios, restricciones tecnológicas y controles sobre cadenas estratégicas se utilizan cada vez más como instrumentos de poder. La rivalidad entre potencias desplaza criterios de eficiencia económica, mientras la Organización Mundial del Comercio no logra contener medidas unilaterales y garantizar reglas previsibles. Para el Perú, estas disputas pueden elevar la demanda de minerales estratégicos, pero también generar restricciones comerciales y presiones diplomáticas. Nuestra respuesta debe ser diversificar mercados y productos, aprovechar los acuerdos comerciales y mejorar la logística y las capacidades tecnológicas. Exportar minerales es una ventaja; depender excesivamente de ellos, una vulnerabilidad.

Inundaciones, sequías, huaicos, eventos asociados a El Niño y terremotos pueden destruir infraestructura, interrumpir el transporte, afectar cosechas y reducir los ingresos familiares. Sus efectos van más allá de la emergencia: golpean la producción, el empleo, los precios y la recaudación. La falta de prevención no elimina el gasto; lo traslada al momento más costoso.

La presión tributaria peruana ronda el 15% del PBI, por debajo de países de la región con igual o menor PBI, lo que restringe los recursos para financiar prevención, reconstrucción y protección social sin recortar otras inversiones o aumentar la deuda. Mejorar la recaudación con mayor eficacia y equidad es, por tanto, indispensable para ampliar la capacidad de respuesta del Estado. La responsabilidad fiscal no consiste solo en contener el gasto, sino también en recaudar mejor y anticipar obligaciones que, de otro modo, llegarán en forma de emergencias.

Existen instrumentos para amortiguar estos impactos. El FEPCpuede moderar las variaciones internacionales, aunque debe evitar subsidios generalizados y obligaciones fiscales difíciles de controlar. Los fondos de contingencia permiten responder a emergencias si cuentan con recursos y reglas claras. El aseguramiento agrícola protege frente a pérdidas de cosechas, mientras las transferencias focalizadas —Juntos, Pensión 65 y Contigo— y el apoyo a comedores populares y ollas comunes ayudan a sostener a los hogares vulnerables. Estos mecanismos necesitan mayor cobertura, coordinación y capacidad de ejecución. La prevención, la infraestructura resiliente y la atención oportuna deben ser prioridades, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

El Perú no puede controlar los precios internacionales ni evitar todos los desastres. Sí puede reducir su exposición, potenciar los Fondos de Estabilización y contingencia y así atenuar el impacto de los shocks y suavizar las fluctuaciones económicas. Todo ello exige acuerdos políticos que sostengan las prioridades de largo plazo. La verdadera autonomía económica consiste en disponer de los instrumentos, los recursos y las instituciones para que aquello que no controlamos no termine decidiendo nuestro futuro.