El Estado de Derecho no está solo

Un sistema democrático puede configurarse para producir ciertos resultados. Las normas se ajustan, los intérpretes se eligen, los accesos se estrechan para quien no conviene. El Perú lleva una década con ese diseño en marcha. Y aun así, los ciudadanos y funcionarios que resisten desde adentro han impedido que ese diseño lo decida todo.

El patrón del oficialismo, es decir, Fuerza Popular y Renovación Popular, en cualquier nivel de gobierno, es consistente. Las normas dicen lo que el bloque necesita cuando tiene a los intérpretes de su lado, y cuando esos intérpretes le faltan, los captura. La claridad de la disposición, el peso de la jurisprudencia o la autoridad de una sentencia internacional quedan subordinados a quien tenga los votos para desnaturalizarlas.

Lo ocurrido ayer en la Comisión de Constitución del Senado lo ilustra. La oposición obtuvo seis votos contra cinco para abrir la discusión sobre si la Cámara Alta puede ampliar el pedido de facultades del Ejecutivo, ya aprobado por Diputados. Quien dirigía la sesión, el senador fujimorista Carlos Mesía, desconoció el cómputo y forzó una revotación. Mesía fue presidente del Tribunal Constitucional. Su trayectoria en esa institución lo priva de alegar desconocimiento, tanto de las normas como del espíritu que les dio origen. Lo ocurrido fue una decisión, no un error.

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El esquema trasciende el ámbito legislativo. López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima para postular a la presidencia, la perdió, alegó fraude sin pruebas y su denuncia fue desestimada. El Jurado Nacional de Elecciones lo había habilitado para participar en unos comicios en los que la Constitución prohíbe la reelección encubierta. Había obtenido en esa jornada una senaduría, pero lo que buscaba era recuperar Lima. Intentó renunciar al Senado, cargo que esa misma norma declara irrenunciable, y el JNE se lo permitió. Ese organismo guarda silencio sobre quién debe asumir el gobierno de la ciudad.

Hay una frontera que el bloque gobernante ha encontrado con resistencia en cada intento. Las cuatro bancadas que se retiraron lo hicieron en señal de rechazo a un manejo que violaba el reglamento, y juristas de distintas posiciones han señalado el incentivo perverso que abre la puerta a que quien gana una elección pueda declinar el escaño sin consecuencias. Esa resistencia, ciudadana e institucional, nace de una convicción compartida.

El entramado constitucional sobre el que el país construyó tres décadas de continuidad resiste porque hay quienes lo defienden desde adentro, aun sin controlar los órganos que deberían aplicarlo. Esa resistencia no tiene ideología. Sabe que el marco jurídico protege a todos o no protege a nadie, y que la complacencia de las instituciones con quien abusa de las normas, sea del espectro que sea, es el camino más corto hacia un sistema donde las reglas solo sirven al más fuerte.