La incompetencia fujimorista

La madrugada del domingo 30 de agosto, sicarios disfrazados con uniformes similares a los de la PNP secuestraron al empresario minero Jenss Lara Tantajulla de 31 años en Trujillo, y acribillaron a sus cuatro acompañantes. El crimen fue ejecutado por Los Pulpos, organización criminal con redes dentro y fuera del Perú

Tras más de 36 horas en cautiverio, el empresario fue liberado. El ministro de Defensa Rafael Belaunde confirmó que se pagó dinero a los captores y que la PNP siguió la ruta del dinero. Por otro lado, el comandante general Óscar Arriola dijo que fue la presión policial la que logró la libertad del secuestrado. Dos versiones contradictorias del mismo gobierno, pronunciadas el mismo día, frente a las mismas cámaras.

El pago de rescate es exactamente lo que cualquier protocolo de negociación con secuestros desaconseja porque no solo financia a la organización criminal, sino que también refuerza su capacidad operativa e incentiva futuros plagios. La lógica es tan simple que horroriza: si pagar funciona, volverán a secuestrar y matar con impunidad.

Tristemente para los peruanos, no es la primera vez que el gobierno de Keiko cede ante la presión de actores que operan fuera de la ley. Cuando los transportistas amenazaron con un paro por la inseguridad a la que están expuestos, el ministro de Transportes Rafael Rey les regaló el 90% de las papeletas. Cuando Los Pulpos secuestraron a un empresario, se pagó.

Este tipo de gestión deficiente tiene costos que solo pagan los ciudadanos a merced del hampa.

Ante lo ocurrido en la ciudad norteña, gobernada hoy por César Acuña de Alianza para el Progreso, el ministro del Interior César Astudillo se ausentó durante toda la emergencia y Belaunde tuvo que justificarlo diciendo que tenía “otras responsabilidades vinculadas a la operación”. En el ínterin, la presidenta Keiko Fujimori felicitó a la PNP en redes sociales mientras sus propios ministros se contradicen ante los periodistas. Y sobre el trabajo de inteligencia que habría permitido identificar, infiltrar y desarticular la red criminal, no hay una sola declaración. Eso es simple de entender porque ese trabajo no ocurrió.

Lo que ocurrió fue un desembolso para su liberación. Y si bien hay que entender, cabe recordar que aquellos secuestros materiales inmediatos, no los cerebros de la organización.

Lo que el gobierno de Keiko Fujimori viene demostrando es que su única eficacia radica en hostilizar a jueces, fiscales, periodistas y cualquier opositor. Sin embargo, para combatir al crimen organizado con inteligencia, coordinación institucional y estrategia de largo plazo, la capacidad de gobierno es paupérrima.