#PorEstosTrampososNo, por Rosa María Palacios

El artículo 194 de la Constitución no puede ser más claro: “No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujetos a las mismas condiciones”. ¿Qué parte no se entiende? ¿Qué oscuridad tiene que ser esclarecida con una legión de doctores Truquini? El asunto es bien sencillo. Si eres alcalde, no puedes volver a ser alcalde. Tienes que esperar 4 años, que es lo que dura el periodo.

¿Es una mala idea? Puede ser debatido. ¿Se puede cambiar? Sin duda. ¿Se puede cambiar para las elecciones del 4 de octubre? No. Esa inmutabilidad también es sencilla de entender. La prohibición de reelección de alcaldes y gobernadores se aprobó por la vía de la reforma constitucional, en dos legislaturas con más de dos tercios de votos en el Congreso. ¿La razón? La enorme corrupción en reelecciones donde quien estaba en el poder no respetaba la neutralidad electoral. Experiencias, tuvimos y de las peores. La reforma constitucional tarda tiempo y logra consensos amplios. Hoy, con un sistema bicameral, necesitas dos votaciones en cada cámara. Un proceso mucho más largo. Eso no va a cambiar pronto.

Si la Constitución es tan clara y toda ley se subordina a la Constitución, ¿por qué tenemos un conjunto de alcaldes esmerándose en violarla? Porque han decidido hacer trampa. Los alcaldes no postulan a la alcaldía (eso ya sería mucho), pero postulan como primer regidor, lo cual no está prohibido. Luego, hacen renunciar al candidato a alcalde. Para cualquier ciudadano, eso significa que si la lista gana, ese primer regidor asume la alcaldía. Pero el alcalde no es cualquiera. Obviamente está exceptuado aquel que cae en la prohibición constitucional de reelección. Ese nunca podrá ser alcalde. ¿O eso creíamos?

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Para hacer trampa se necesitan dos. El que la hace y el que se lo permite. El JNE tenía que decir, con toda claridad, que en el caso de una lista en la que gane un regidor constitucionalmente impedido, asume la alcaldía el siguiente regidor. ¿Ha dicho eso el señor Burneo, presidente del JNE? No. Ha escrito una columna para debatir el cambio de la norma constitucional. La trampa de Rafael López Aliaga y unos cincuenta más a nivel nacional está bendecida desde el poder electoral. Esperemos que a la hora de las impugnaciones veamos en sus resoluciones cómo votan los 5 miembros del JNE. Ojalá que no se repita el penoso caso de diciembre de 1999.

Esto ya no es una reelección encubierta como la de ser primer regidor, con otro candidato a alcalde sin impedimento o dejar de candidato a la esposa, la hija, el hermano. De esto hay por montones. El nepotismo y el clan familiar, sustituyendo al partido, ya es algo endémico en la política peruana. Pero esto (la renuncia del candidato a alcalde para colocar al impedido) es el descaro absoluto y total. ¿Le importa al elector? Al renunciar Luis Rubio a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga se coloca como candidato a alcalde (así, sin maquillaje) en las encuestas y estas le han sido muy favorables.

Cierto es que el JNE, por mayoría, ya había trazado una línea de beneficios para López Aliaga. De nuevo, la Constitución es absolutamente clara: “el mandato legislativo de senador es irrenunciable”. Pues para López Aliaga, sí es renunciable. ¿Por qué? Les reto a leer la resolución que le permite renunciar y que encuentren un solo argumento jurídico que justifique tremenda violación a la Constitución. No lo hay. El mandato de senador nace de la votación del 12 de abril. De ahí en adelante, es irrenunciable. Cualquier galimatías de doctor Truquini no puede superar esa verdad.

Cierto es que el JNE no es el único organismo que desconoce la Constitución en estos días. Hace pocas semanas comentábamos cómo el Tribunal Constitucional, violando el texto expreso de la Constitución, había concedido al Congreso facultades del Poder Ejecutivo, autorizándolos a tener iniciativa de gasto. El daño político y fiscal ha sido de tal magnitud que, en menos de cuatro años, y días antes de la juramentación de 28 de julio, resolvieron que “variaban su criterio jurisprudencial” antes de que el Parlamento termine de quebrar la caja fiscal y a Fujimori le fuera imposible conseguir un ministro de Economía que acepte jurar el cargo sosteniendo esa monstruosidad.

La falta de respeto al orden legal de López Aliaga tampoco es novedad. Su no reconocimiento de contratos le va a costar millones a los peruanos. Rutas de Lima ya ganó dos laudos y va a ganar todos los demás. No reconoce propiedad privada, confiscando terrenos sin pago de justiprecio en efectivo (como también manda la Constitución) para hacer obras incompletas. Sus víctimas tienen que litigar en el Poder Judicial para que se les reconozca algo, tan elemental en una democracia, como el derecho de propiedad. Sus respuestas son violentas y agresivas, incluso con la autoridad que hoy lo beneficia. Nadie puede olvidar que se inventó un fraude en abril y amenazó con sodomizar con una tortuga (disculpen la vulgaridad) al presidente del JNE, hoy su benefactor.

Esa falta de respeto a la ley ha sido recordada esta semana por el ministro de Transportes, Rafael Rey (al que no acusarán de comunista, caviar o agente de Soros), cuando volvió a señalar lo que siempre dijo y muchos señalamos: la Municipalidad de Lima pagó un precio de venta a Caltrain por los trenes. ¿Por qué esto desata la ira de López Aliaga? Primero, porque es verdad y, segundo, porque si es verdad, la MML estaba impedida legalmente de hacer esa compra. En el colmo de la desesperación ante la inminencia de las denuncias penales, la MML ha informado que “el JNE los autorizó”. ¿Qué tiene que ver el JNE, un tribunal electoral, en la compra de unos trenes? Nada. Tan grotesco es el argumento que los amigos del JNE ya le pusieron el pare con una breve respuesta en X al candidato Allison: “El JNE no determinó que la operación de Caltrain fue una donación ni definió su naturaleza jurídica. La resolución 0647-2025- JNE resolvió únicamente el pedido de vacancia de 21 regidores y concluyó que no se configuraban las causales invocadas”. Mentira, sobre mentira.

¿Qué hacemos si los llamados a defender la Constitución no la defienden? ¿Si nuestras autoridades no respetan las reglas básicas del equilibrio de poderes? Solo nos queda el voto. Es la última línea de defensa contra la trampa. El pasado 12 de abril los peruanos rechazaron a 7 de los 10 partidos que estaban en el Congreso con el lema #PorEstosNo en castigo al abuso de poder. Este 4 de octubre, renovemos la política otra vez, con el lema #PorEstosTrampososNo.