Queremos de regreso nuestros derechos conquistados, por Las Tejedoras

Hoy teje: Diana Miloslavich Túpac. Exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Iniciamos un nuevo escenario parlamentario bicameral con 16 senadoras (27%) y 44 senadores, así como con 54 diputadas (42%) y 76 diputados. La conformación de una mesa directiva de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados dará contrapeso y abrirá la posibilidad de seguir apostando por la democracia en el Perú.

Urge derogar el paquete anticrimen y antiderechos que afecta a las mujeres en su diversidad. Una prioridad es la Ley 32535, que eliminó el enfoque de género en todas las políticas públicas y debilitó la educación sexual integral, dejando de lado la prevención de los tipos de violencia de género reconocidos por el Estado. Esta ley también prohíbe que jueces y fiscales reciban formación con enfoque de género y veta la participación de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que litiguen contra el Estado, dejando en mayor desprotección a las víctimas.

Otro retroceso para las mujeres es la Ley 32735, que permite que posibles delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sean investigados y juzgados por tribunales militares y policiales, en lugar de la justicia ordinaria, incluso cuando las víctimas sean civiles. Esta norma nos afecta porque los casos de violencia de género vinculados a estas instituciones son numerosos. Se estima que alrededor de 1.636 policías han sido denunciados por violencia de género.

Fortalecer la institucionalidad del Estado de derecho es una garantía para la justicia. Estamos en el décimo aniversario de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, constituida tras el impacto de la movilización masiva de la ciudadanía en la marcha Ni Una Menos de 2016, y con avances importantes.

Ese fortalecimiento institucional debe traducirse en respuestas concretas frente a cada caso de violencia, por ejemplo, desde el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Mientras cierro estas líneas, nos alcanza la demanda de justicia para Ale Rous, mujer trans asesinada en Ica. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir nombrando a las víctimas para que el Estado responda?