Las cuerdas separadas, por César Azabache Caracciolo

Estamos a días del inicio del gobierno de la señora Fujimori. Con más de quince años preparándose para esto, es de esperarse que haya entendido la diferencia entre ser oposición, gobernar a través de otras y otros y ser gobierno. El concepto duro de esa diferencia es el equilibrio constructivo. No se puede gobernar demoliendo instituciones. Para gobernar es imprescindible aprender a crear valor y hacerlo sostenible. Ese es el ejercicio que incumplió el primer fujimorismo si seguimos al Jaime de Althaus de “La promesa de la democracia”. Ese es el desafío más importante del régimen que se instala en julio: dejar de ser lo que ha sido y desprenderse por completo de las deudas y compromisos adquiridos en el periodo de demolición del que debemos terminar de salir.  

La reaparición en la escena de Luis Carranza, anunciado como asesor del gobierno, de Elmer Cuba como posible encargado del MEF y la renovación del mandato de Julio Velarde al frente del BCR, son señales que indican que el aseguramiento del equilibrio fiscal y la administración prudente de las reservas están en el listado de tareas del próximo gobierno. Suma en la misma dirección la rectificación o, si se prefiere, el “ajuste” de la línea de jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias en la generación del gasto público que el Congreso jamás debió invadir. 

En la vereda de enfrente, en cuerdas que se pretende mantener separadas, está la insistencia en instalar un “orden” que aún no tiene una forma específica, pero que sugiere su contenido a través de la última arremetida del señor Rospigliosi, que acaba de promulgar, él mismo, la ley que reimplanta la competencia de los tribunales policial y militar sobre casos de violencia con víctimas civiles. El señor Balcázar no observó la ley, pero se negó a promulgarla. Esto sugiere que podría ser el propio gobierno quien demande su inconstitucionalidad, acaso muy pronto, en un contexto en el que no acaba de decidir si liberará o no a Pedro Castillo.

Entre las cuerdas de este lado está la JNJ, empeñada en separar de su cargo a cuanto magistrado contradiga al señor Rospigliosi. La JNJ ha quedado sobreexpuesta al retirar de la judicatura al juez Ordóñez por razones vinculadas a sus opiniones sobre asuntos de relevancia institucional. A esto hay que agregar que ha suspendido a los jueces Chávez Tamariz y Concepción Carhuancho por discrepancias sobre el contenido de algunas de sus decisiones. Y ha anunciado su intención de intervenir una Sala completa de la Corte Suprema por la forma en que resolvieron, hace cuatro años, un asunto vinculado a la imprescriptibilidad del caso sobre esterilizaciones forzadas de los años 90. Todo este paquete de asuntos, al que deben agregarse las inhabilitaciones y la destitución de la señora Espinoza, actual Decana del Colegio de Abogados de Lima, va a llegar al Tribunal Constitucional en el proceso que se inicia en julio. Con el primero que llegue podremos saber si esa capacidad de rectificación o “ajuste” de líneas de jurisprudencia que la mayoría del Tribunal ha mostrado en el caso sobre el gasto público y el parlamento puede ampliarse a otros asuntos que se inscriben más en la vereda propiamente institucional que en la directamente económica.

El Congreso bicameral, en proceso de instalación, enfrenta como primer desafío la conformación de las dos primeras mesas directivas de este ciclo. Las matemáticas de la política anuncian que la tensión de las negociaciones que se ha hecho evidente en estos días no va a bajar, y que los resultados, que se verán en breve, representarán una evidencia clara de la forma específica que adquirirá el escenario político del primer año del nuevo ciclo. Saliendo de esa coyuntura viene otra fundamental: el debate sobre el presupuesto de la República, del que debe resultar un mensaje claro sobre el respaldo con que contarán dos entidades decisivas para el funcionamiento del sistema legal: las fiscalías y el Poder Judicial, acechado permanentemente en el último tramo del periodo de demolición por el señor Rospigliosi. En mayo del 2027 vencerá el mandato de seis de siete magistrados del Tribunal Constitucional. El Senado, que para tomar una decisión en esta materia debe ser capaz de reunir 40 votos, puede optar entre elegir seis reemplazantes o limitarse a elegir solo un número menor, tres por ejemplo, con lo que podría modificar en los hechos el procedimiento de nombramiento para avanzar hacia un régimen de renovaciones parciales.

El régimen que se instala en julio arrastra deudas que no deben ser olvidadas con las víctimas de la represión de las protestas que comenzaron en diciembre de 2022. A ellas es necesario agregar a las familias de Inti y Bryan, Trucko y a los deudos de las violaciones a los derechos humanos de los años 80 y los primeros 90. A ellos es imprescindible agregar ahora a los jóvenes asesinados en Colcabamba, al adolescente muerto en Manchay (imposible suicidarse dentro de una comisaría) y a un niño que acaba de morir en medio de una balacera en Huacho. Pretender que el Estado se puede manejar por cuerdas separadas supone algo tan absurdo como pretender que podemos justificar la riqueza y la crueldad al mismo tiempo, en un entorno en que ambas cuerdas anudan a las personas de manera desigual. 

El modelo de los años 90 falló cuando Alberto Fujimori, en medio de la legitimidad que le dio ser el único presidente que ganó una elección con mayoría absoluta, equivocó la ruta, y en lugar de institucionalizar un país que aún no terminaba de ensamblarse, acabó entregándose a la enorme frivolidad de un orden definido como control vertical sin equilibrio y sin institucionalidad.

La señora Fujimori ganó las elecciones convocadas después de un intenso ciclo de desmontaje institucional. El siguiente movimiento está en sus manos.