Keiko pretende repetir el error de Boluarte en seguridad

La historia tiene una lección muy clara sobre cómo se derrota la violencia organizada en el Perú, y Keiko Fujimori y el fujimorismo que enarbola parece haberla olvidado. Abimael Guzmán no cayó gracias a los rastrillajes del Ejército. Cayó el 12 de setiembre de 1992 porque el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, lo siguió durante meses, analizó su basura, rastreó sus contactos y actuó con precisión quirúrgica. Esa fue la única vez que el Estado peruano derrotó a una organización criminal de envergadura: con inteligencia policial, no con uniformes militares en las calles.

Sin embargo, la presidenta electa anunció ayer que, para luchar contra la criminalidad organizada, su gobierno desplegará a las Fuerzas Armadas en rastrillajes conjuntos con la Policía, tomará el control de las cárceles con apoyo militar y modificará el Código Penal. Son tres medidas que el Perú ya conoce.

De hecho, Dina Boluarte las aplicó sistemáticamente entre 2023 y 2025, con estados de emergencia en La Libertad, Callao y otras regiones. Hicieron lo propio los encargados de Palacio que le sucedieron temporalmente. No obstante, los homicidios continuaron subiendo. Las extorsiones superaron las 27,000 denuncias en 2025.

El problema de fondo tiene nombre propio: el crimen organizado no se derrota con presencia visible sino con inteligencia criminal sostenida. Las organizaciones que hoy extorsionan mercados, controlan rutas del narcotráfico y minería ilegal y operan desde las cárceles saben cuándo llegan los soldados, adaptan sus operaciones y siguen. Lo que sí las desorganiza es la infiltración, el rastreo financiero, la cooperación internacional y la persecución penal efectiva.

Al respecto, hay además una paradoja que este diario ya documentó. La ley del fuero militar aprobada por el Congreso con el respaldo del fujimorismo traslada al fuero castrense los delitos cometidos por militares y policías en funciones. Keiko Fujimori propone ahora darle más poder y presencia en las calles a una institución que su propio partido acaba de blindar de la justicia ordinaria. Si un soldado abusa en un rastrillaje, comoo ya se ha visto en Pataz y en otras jurisdicciones, la ley que el fujimorismo aprobó garantiza que ese caso no llegará a un juez civil.

Sin duda alguna, la inseguridad es el problema más urgente que hereda el nuevo gobierno. Merece una respuesta a su altura, con inteligencia, tecnología, reforma policial y penitenciaria real y coordinación internacional. Los rastrillajes militares son la respuesta más fácil de anunciar y la menos efectiva de ejecutar y el Perú ya sabe cómo se ve esa pantomima.