La ley del residentado médico amenaza la salud pública

El residentado médico es el modelo con el que se forma a especialistas en casi todo el mundo. Consiste en un entrenamiento intensivo de tres a cinco años, presencial y bajo supervisión directa, en el que el médico atiende pacientes a diario. Por ejemplo, para ser neurocirujano, ese proceso dura cinco años. Su objetivo es dotar de competencia clínica a partir de la práctica supervisada acumulada, más allá de la mera teoría.

El Congreso del pacto aprobó con 83 votos el Proyecto de Ley 13830, impulsado por el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, que incorpora dos vías alternativas para obtener el título de especialista sin pasar por ese proceso.

Ante ello, el Colegio Médico del Perú protestó el 30 de junio frente al Ministerio de Salud junto con sociedades médicas y médicos residentes. De hecho, el mismo Ministerio de Salud también emitió una opinión negativa. Sin embargo, el pleno del Parlamento, que terminó funciones la semana pasada, la aprobó de todas formas.

El decano del CMP, Pedro Riega, señaló a La República el riesgo central. La norma abre la posibilidad de otorgar el título de especialista a médicos que no se han formado en un programa que garantice la adquisición de competencias mediante la experiencia práctica que establece el residentado como estándar mínimo. En ese sentido, la especialidad por competencias podría reconocer a médicos con 10 años de experiencia laboral mediante un portafolio y exámenes, sin entrenamiento supervisado. Riega agregó, además, una denuncia: que la norma beneficia negocios en el campo de la educación universitaria nacional e internacional.

No obstante, los defensores de la iniciativa también tienen un argumento real. Hay médicos peruanos con formación presencial rigurosa en el extranjero a quienes el CMP no reconoce el título porque los programas son más cortos que el residentado local. Ese vacío existe y merece una solución a partir de una homologación que no elimine fases fundamentales de la formación médica. El problema es que la ley resuelve ese caso junto con otros de estándares mucho más bajos, sin distinguir entre ambos.

El Gobierno de transición de Balcázar tiene la autógrafa en su escritorio, y el nuevo Congreso bicameral puede reformar la norma desde el 28 de julio. La salida pasa por lo que el CMP viene pidiendo: una mesa técnica con el gremio, el Ministerio de Salud y las universidades públicas y privadas para construir una reforma que cierre la brecha de 16.000 especialistas que demanda el sistema de salud peruano, sin sacrificar los estándares que protegen a los pacientes, que son, al fin y al cabo, la razón final de la salud.