El Estado no está haciendo nada para mitigar El Niño

La prevención de desastres es una de las responsabilidades más importantes del Estado y, al mismo tiempo, una de las más postergadas en el Perú. Los fenómenos naturales, como las lluvias intensas, las crecidas de ríos y los huaicos, forman parte de esta geografía desde siempre, y sus habitantes los han reconocido durante milenios.

Una lectura antropológica sugeriría que estos fenómenos se convierten en desastres por decisiones humanas, como la falta de planificación territorial, que expone a los más vulnerables. Por ejemplo, por la construcción de infraestructura en zonas de riesgo.

Ante todo ello, lamentablemente, la gestión pública solo llega a administrar la catástrofe cuando el daño ya está consumado.

De hecho, el fenómeno El Niño es la expresión más recurrente de esa lógica, y este año opera en dos de sus dimensiones a la vez: la costera, frente al litoral peruano, y la global, con condiciones cálidas que el ENFEN proyecta en el Pacífico central hasta febrero del 2027. No es en vano advertir que el cuadro climático tendrá una amplitud que exige atención urgente.

Décadas de expansión urbana desordenada han llevado a miles de familias a asentarse en riberas de ríos y en laderas, que son zonas de alto riesgo, y a convertir un fenómeno recurrente en una catástrofe social, a todas luces, previsible.

El Instituto Peruano de Economía (2026) documentó que las emergencias por lluvias intensas se multiplicaron casi 10 veces en los últimos 20 años y que apenas el 30% de las entidades públicas cuenta con un plan vigente de gestión del riesgo. Esa cifra evidencia una postergación que tiene consecuencias sobre vidas concretas.

Los peruanos acaban de elegir presidente en un país que deja un gobierno sin efectividad para atender prioridades que ya los afectan. Cabe recordar que la temporada reciente de lluvias dejó 106 muertos y 189 heridos, según el último reporte del COE Salud. Es posible que esa cifra siga creciendo antes de que concluya el año.

El tiempo para actuar se seguirá acortando, y la pregunta, antes de ese cambio de mando, es si habrá voluntad política para asumir la prevención como política de Estado.