Fujimorismo asedia la independencia judicial

La decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de pronunciarse públicamente sobre las amenazas contra la independencia judicial no debería pasar por agua tibia para ningún peruano. Que la máxima instancia del sistema de justicia en el país advierta sobre ataques “perpetrados por actores políticos”, amplificados por campañas de desinformación, revela hasta qué punto la presión sobre jueces y fiscales ha llegado a un momento culmen.

Y en esa ofensiva existe un actor reconocible: el fujimorismo.

Desde hace años, sectores vinculados a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular han construido un discurso sistemático de confrontación contra fiscales, jueces y organismos autónomos cada vez que investigaciones judiciales afectan sus intereses políticos o electorales. La estrategia es tan sistemática que comentarla resulta reconocible para quienes leen este editorial: desacreditar jueces y fiscales, sembrar sospechas sobre magistrados sin pruebas, presentar investigaciones como persecución política y convertir cualquier límite institucional en una supuesta conspiración ideológica. Acción que ha sido emulada por sectores que, por conveniencia, aplicaron la misma argucia, como Vladimir Cerrón quien se encuentra cómodamente prófugo.

Sin embargo, hoy esa lógica ha escalado peligrosamente.

En plena campaña electoral, la presión contra el sistema de justicia coincide con ataques permanentes a organismos electorales y noticias falsas orientadas a deslegitimar a cualquier institución que no se someta a determinadas narrativas políticas.

La advertencia de la Corte Suprema debe leerse en ese contexto. El país atraviesa una etapa donde sectores políticos han decidido convertir la desconfianza institucional en herramienta electoral para arbitrariamente hacerse del poder incluso yendo contra la voluntad popular.

No obstante, vale recordar a quienes intentan engañar que la independencia judicial no existe para proteger jueces. Existe, según la tradición republicana, para proteger a ciudadanos frente a los abusos del poder político, económico o criminal.

Y sus consecuencias de ese sometimiento las conoce bien el Perú. El régimen autoritario de los noventa de Alberto Fujimori construyó precisamente un sistema basado en subordinación judicial y demolición de contrapesos democráticos.

Resulta especialmente grave que este asedio ocurra en medio de una segunda vuelta marcada por polarización extrema y creciente fragilidad institucional. La Sala Plena ha hecho bien en alertar al país.