Alerta: el Congreso no para, por Marisa Glave

El Congreso quiere cogernos desprevenidos, al vernos distraídos aún por los efectos de las elecciones nacionales. El Fuji-Cerronismo, que no es un invento de los caviares, sino la expresión más evidente del llamado “Pacto Mafioso”, operó groseramente contra una de sus adversarias más visibles: Delia Espinoza.

El jueves pasado, Fernando Rospigliosi, fujimorista y presidente del Congreso, puso en debate la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú y dejó la dirección del debate a Waldemar Cerrón, vicepresidente y de Perú Libre, quien operó la trampa contra Espinoza de la mano del presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, también de Perú Libre. Explico cómo.

Acabado el debate, se llamó a votación y Montalvo anunció que había un texto sustitutorio. En teoría, este texto solo debe incorporar elementos del debate que estén en el dictamen y debe ser fundamentado para luego ser votado. Esta vez no fue así.

Como ha señalado el periodista Huacasi, solo hubo dos minutos entre que el texto sustitutorio subió al sistema y el registro de asistencia. Montalvo no explicó los cambios. La trampa estaba en un párrafo añadido en la segunda disposición complementaria final y dice “no pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para el ejercicio de la función pública”.

Este párrafo no está pensado para el nuevo colegio de artistas, sino que pretende ser mandatorio para todos los colegios profesionales y ser usado, hoy, para controlar al Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuya decana recientemente electa, Delia Espinoza, ex fiscal de la Nación e inhabilitada por el actual Congreso, es un personaje incómodo para el pacto.

El pleno aprobó con más de 80 votos el nuevo texto. Montalvo solicitó la exoneración de la segunda votación y fue concedida. La norma quedaba plenamente aprobada. La única bancada que expresó su extrañeza por el anuncio de un texto sustitutorio sin debate y sin tiempo para analizarlo fue el Bloque Democrático, que no otorgó ningún voto a favor.

Una vez revisado el texto por su equipo técnico, el Bloque Democrático presentó inmediatamente una reconsideración. Habrá que ver si la próxima semana se vota este pedido, pues Rospigliosi, una vez concluida la segunda votación, levantó la sesión y pidió que se exonere del trámite de aprobación de actas. Es decir, podrían pretender desconocer la reconsideración presentada y que la norma sea promulgada por Balcázar, el presidente títere que tenemos en palacio, el próximo lunes.

Las 12 bancadas que votaron a favor deben explicar públicamente su posición y, en caso de haber sido sorprendidas y estar en contra de esta arbitraria decisión, exigir que la reconsideración presentada sea votada. Esto incluye a Juntos por el Perú, que de manera unánime votó a favor de esta norma. En la segunda vuelta de estas elecciones, sus voceros se presentan como la alternativa no solo al Fujimorismo, sino a su forma de hacer política, pero volvemos a ver en esta votación que se prestan enteros a su juego, como lo han hecho varias veces ya en este Congreso.

Roberto Sánchez, candidato presidencial, es también parlamentario, y la performance de su bancada es tan o más importante que la narrativa que puedan ensayar sus defensores. Tiene acá una oportunidad para demostrar coherencia con su discurso o poner en evidencia, una vez más, que sí forma parte del pacto instalado en el Congreso.

La importancia del CAL

Luego de que Humberto Abanto, abogado defensor de figuras vinculadas al fujimorismo y a Perú Libre, perdiera contra Delia Espinoza en las elecciones internas del CAL, sus patrocinadores no aceptaron la derrota. En lugar de aprender de Abanto, que saludó inmediatamente a la vencedora, están buscando algún motivo para sacarla del cargo.

El CAL ha sido, a lo largo de la historia, un actor visible de la sociedad civil, con vocería pública en torno al debate legal, incluido el parlamentario, con presencia formal en varias de las instancias de concertación que incluyen presencia de representantes de la sociedad civil. Tiene, además, capacidad para llevar adelante acciones de inconstitucionalidad, lo que vuelve al CAL un actor incómodo para quienes hegemonizan el poder en el parlamento y buscan siempre controlarlo.

Ahora que no pueden controlar su dirección vía elecciones, buscan hacerlo vía la inhabilitación. Pero es un contrasentido. Los colegios profesionales no son organismos públicos; son, en estricto, los clásicos actores de la sociedad civil. Son la organización autónoma de sectores de profesionales. Que una inhabilitación para el ejercicio de la función pública los alcance es solo una manera de decir que ahora el Congreso ensaya un nuevo mecanismo de control de la sociedad organizada.

Luces y sombras de los colegios profesionales

La creación de un colegio profesional de una rama tan representativa de la libertad como las artes podría terminar encorsetándolas. La intención de valorar a sus representantes puede terminar siendo un mecanismo de control.

Habría que preguntarse también qué rol realmente queremos que cumplan los colegios profesionales. Por ejemplo, ¿por qué la no colegiatura de médicos migrantes durante la pandemia, pese a que estaba probada y reconocida su formación profesional, debe seguir siendo una limitante para su contratación?

Que los colegios profesionales sean espacios de vocería y participación activa de sectores profesionales es importante. Que puedan tener iniciativas públicas afines a su especialidad, también. Pero que tengan poder para permitir o restringir el ejercicio profesional de personas tituladas es algo que responde más a una lógica corporativa que a una de democracia participativa.