La política de la ceguera deliberada

La promulgación de la Ley N.º 32535 —Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres—, marca un retroceso profundo en la manera como el Estado peruano reconoce y atiende la desigualdad y la violencia que sufren mujeres, niñas y personas de las diversidades sexuales. La norma fue impulsada por legisladores de Renovación Popular y otros sectores conservadores del Legislativo, quienes sostienen que corrije una supuesta “ideología de género”. Pero este enfoque no solo es conceptual ya que tiene consecuencias reales para la vida de miles de mujeres y niñas.

Los números de 2025 ponen en evidencia la emergencia social que vivimos. Según registros oficiales, entre enero y octubre de este año se reportaron más de 119 000 casos de violencia contra mujeres, de los cuales aproximadamente 30 % afectó a niñas y adolescentes.

En el primer semestre de 2025, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 78 feminicidios, un aumento de 11.4 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que equivale a una mujer asesinada, en promedio, cada tres días.

Se trata de vidas interrumpidas y familias fracturadas.

Eliminar el enfoque de género de las políticas públicas en un contexto como el expuesto anteriormente equivale a volver ciego al Estado frente a realidades estructurales que requieren comprensión y acción guiada por evidencia. Contrariamente a los autores de la ceguera deliberada, no se trata de “ideología”,  sino de reconocer patrones que deben ser atacado de raíz.

La Ley N.º 32535 envía un mensaje institucional de que el Estado está dispuesto a retroceder décadas de construcción de derechos, justo cuando la violencia contra mujeres y niñas sigue escalando.

El próximo Congreso tendrá el deber ético de derogar esta norma y restituir una política pública basada en evidencia, porque cuando el Estado decide no ver los problemas que afectan a las personas, decide ser parte de los mismos.