El Congreso coarta la independencia fiscal

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso aprobó recomendar la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por 10 años en cargos públicos. Esta medida se produce en un contexto en el que otros fiscales enfrentaban causas similares, pero, curiosamente, solo Espinoza ha sido propuesta para inhabilitación. 

Este doble estándar resulta evidente. La disparidad revela una intención de cooptación política dirigida a los fiscales no sancionados de que si se someten a los intereses del Congreso, pueden evitar la misma suerte de Espinoza. Se trata de un mensaje político claro, que no respeta la independencia del Ministerio Público.

La arremetida contra Delia Espinoza forma parte de una serie de decisiones del Parlamento orientadas a controlar o neutralizar a las instituciones de control. En los últimos meses, el Congreso logró intervenir la Junta Nacional de Justicia para que abusen de sus prerrogativas normativas para hostigar a quienes consideren opositores en el sistema de administración de justicia, modificar la estructura de control del Ministerio Público y debilitar órganos autónomos esenciales con la reducción de presupuestos. La inhabilitación de una fiscal que investiga redes de corrupción se convierte así en un eslabón más de una estrategia más amplia de concentración de poder antes de las elecciones del 2026.

En ese sentido, el poder disciplinario se transforma en un mecanismo de intimidación aplicado selectivamente para asegurar un blindaje de facto frente a la justicia.

Asimismo, estas decisiones, concatenadas un día tras otro, envían el mensaje al sistema judicial en su conjunto de que abusando de la figura legal de acusación constitucional pueden retirarlos impunemente. No obstante, los parlamentarios olvidan que existe la justicia y una comunidad internacional que sigue viendo de cerca el golpe fiscal que se desarrolla y está en curso en el Perú.

La evaluación constitucional mínima reconoce que la democracia se desnaturaliza cuando el Congreso actúa como juez y parte. Es decir que, cuando un poder del Estado abusa de sus facultades para intervenir en la institución encargada de investigarlo, la separación de poderes deja de ser un principio protegido por quienes están obligados a reconocerlo y custodiarlo.

El costo final lo asume la ciudadanía. Un Ministerio Público intimidado es uno menos capaz de enfrentar la corrupción, el crimen organizado y los delitos que más afectan a la gente.