Los congresistas operadores de la minería ilegal

Amparados en el discurso de la formalización y escudándose en la defensa de la minería artesanal, diversas bancadas han manifestado y hecho efectivo su respaldo abierto a la minería ilegal.

La norma que, lejos de promover orden y desarrollo, prolonga el desgobierno y facilita el avance de economías ilícitas profundamente articuladas con el crimen organizado ha recibido el apoyo esporádico de parlamentarios de APP, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial y Podemos Perú.

No es casual que esta ofensiva legislativa surja en un momento de aguda sensibilidad pública frente al fenómeno social, económico y político de la minería ilegal.

Como muestran los recientes resultados sobre el índice de densidad estatal y desarrollo humano del PNUD, en las regiones con auge de minería ilegal, las mafias parecen haber suplantado al Estado en varios ámbitos de control y generación de ingresos.

De acuerdo con diversos comentarios técnicos, la Ley MAPE, al igual que su antecesor, el REINFO, no constituye una verdadera vía de formalización. Sin un plan ni capacidades estatales claras de fiscalización, estas iniciativas legislativas constituyen puertas giratorias que normalizan la ilegalidad y posponen el fortalecimiento del Estado.

Según informes publicados por La República, más del 95 % de quienes se inscribieron en estos regímenes no han cumplido con los requisitos técnicos ni ambientales, a pesar de que operan y generan ganancias que no exponen en lo más mínimo al Estado.

Resulta preocupante que este proyecto cuente también con el respaldo de sectores autodefinidos como progresistas, los cuales, bajo argumentos que ceden a la presión de los mineros artesanales —y, a través de ellos, de los operadores de las economías ilegales—, insisten en aprobar la nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, que finalmente fue rechazada en la Comisión de Energía y Minas.

Si bien, ante la suspensión inmediata de 50,000 procesos de formalización minera por parte del Ministerio de Energía y Minas, se debe exigir al gobierno alguna estrategia de contención para los trabajadores dependientes de esas actividades, eso no implica que el Estado claudique en la búsqueda de desarrollo sostenible, ni que renuncie a corregir políticas que, por su bajísima tasa de formalización, evidencian su fracaso.

En un país donde el 40 % del oro exportado proviene de circuitos ilegales y donde el impacto ambiental alcanza dimensiones irreversibles, no es admisible seguir legislando bajo la lógica del populismo minero.