Un ejemplo de lo que se viene, por Hernán Chaparro

Lo que ocurre en estos días con los comunicados y acciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es una muestra más de una forma de hacer política por parte de determinados sectores del país.  Buscan tomar a la fuerza, y con una débil argumentación jurídica, una institución que tendrá diversos problemas - corrupción incluida – pero no para que se gestione mejor sino para orientarla a favor de intereses particulares.  Si algunos consideran que con la actual fiscal de la Nación la institución no funciona adecuadamente, lo más seguro es que si hubiese un cambio de autoridades, no sería para hacer reformas a favor de los ciudadanos sino para encubrir procesos.

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Uno se pregunta cuánto de la actual forma de actuar se repetirá durante la justa electoral.  El Congreso ha cambiado la legislación de diversas maneras para tratar de favorecer a los actuales congresistas versus quienes compiten y no cuentan con un curul. Ahora la JNJ busca tomar decisiones sobre quién debe ocupar el puesto de fiscal de la Nación ¿Qué pasará luego con la composición y decisiones del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Una institución externa a ella comenzará a presionar para influir en sus decisiones? ¿Aparecerán quienes con creativos argumentos jurídicos dirán qué es lo que corresponde decidir al Jurando Nacional de Elecciones en asunto electorales?

Junto con acciones de cuestionable legalidad, tenemos que, a través de canales digitales y no digitales, diversos abogados se han ido expresado a favor de la intervención de la JNJ en los asuntos de la Fiscalía. También se han manifestado abogados diversos, además de la fiscalía, para argumentar en contra. Un debate jurídico que se puede seguir de cerca pero que para la mayoría puede que sea difícil de entender en sus detalles.  En el mejor de los casos puede que se termine evaluando la credibilidad de una y otra posición en función a la trayectoria de los declarantes, así como de los medios que se siguen.  En las redes sociales, luego que un abogado explica cuáles son los argumentos jurídicos para estar en contra de los comunicados de la JNJ, aparece un ejército de trolls, en su mayoría vinculados a determinados políticos, para insultar o buscar deslegitimar sin argumento alguno. De nuevo, un ejemplo, de todo lo que va a ocurrir cuando las elecciones vayan tomando más tiempo de la agenda pública.  Se reclama que en campaña los candidatos expongan sus planes de gobierno o las ideas principales de lo que piensan hacer de llegar al poder.  Tendrán que ser muy creativos para lograr que esas propuestas naveguen en un espacio digital donde los insultos y los ataques personales circularán con velocidad. 

Los comunicados del presidente de la JNJ, o los pantallazos de los seis que fueron a votar, sin documento legal que sustente sus decisiones, son respaldados con el silencio o la acción cómplice de diversas entidades del ejecutivo y otras instancias tales como el presidente del Consejo de ministros, Defensoría del Pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional y diversos congresistas. ¿Ese va a ser el comportamiento de estas autoridades durante las elecciones?

La desinformación es un problema que siempre ha existido y es un lugar común recordar que en los conflictos el primer afectado es la verdad, pero la expansión de las redes sociales y su uso como fuente habitual de información para el conjunto de la ciudadanía (basta ver el reciente informe de Reuters Institute al respecto) lleva a que la desinformación prolifere de manera exponencial.  El espacio digital se llena de información y opiniones contradictorias y demanda un esfuerzo adicional de las personas para poder diferenciar en qué parte se ubica una narrativa que realmente de cuenta de los hechos. 

Esto puede llevar, en algunos casos, a desarrollar habilidades digitales para contrastar fuentes y lograr construir una versión que tenga cierto sentido, en otros puede llevar a tomar rápido partido por aquello que solo confirme las opiniones preexistentes (una de las principales fuentes de mensajes falsos entre conocidos) o, más complicado aún, tener el efecto de que la gente tome distancia del debate o las noticias sobre el tema porque “ya no se sabes en quién creer”, una lamentable contribución al cinismo y la desafección cuando no a la alienación política. 

Si lo que vemos hoy se repite durante el proceso electoral, el impacto negativo sobre la participación en las elecciones y, entre los que asisten, a que se disperse el voto, puede ser muy alto. Vinculado a lo anterior, no deja de llamar la atención la diferente reacción ciudadana con relación a los eventos de estos días en comparación con lo que fueron las marchas de protesta cuando el 31 de diciembre de 2018, el fiscal Chávarry sacó a los fiscales Vela y Pérez de la institución. Muchas cosas han pasado en esos años y sin duda los fiscales mencionados tienen, en parte, responsabilidad por esas distancias.  En todo caso, excede a este artículo entrar al detalle.

Para bien, frente a los activistas de La Resistencia, que apoyan el cargamontón, se han ido sumando personas que se acercan para protestar por lo que perciben un acto de prepotencia e injusticia.  En las movilizaciones importan los liderazgos.  Recién en estos días se han ido manifestando algunos postulantes a la presidencia.  Si hay candidatos de derecha, centro e izquierda que están dispuestos a defender las instituciones y el debido proceso este debería ser el momento para alzar la voz. 

De nuevo, creo que hay que ver este momento como parte de un estilo que se ha ido empoderando, donde la prepotencia y la interpretación legal antojadiza predomina y que podría tratar de orientar un proceso electoral donde más de uno debe pensar que si no llega al poder se pondrá en evidencia el conjunto de ilicitud