¿Y ahora quién podrá defendernos?, por Diego Pomareda

En México, en dos semanas, ocurrirá algo histórico. El 01 de junio los mexicanos irán a las urnas a elegir 881 cargos judiciales, dentro de los cuales también se votará por los que en el Perú serían los magistrados del TC, los miembros del JNE y los integrantes de la JNJ. Es decir, los jueces esta semana dejarán la toga para hacer campaña política y convencer al electorado de que ellos representan de mejor forma sus intereses.

La politización de la justicia con esta medida populista ha llegado a su máximo esplendor. Esto se puede evidenciar con los sobrenombres que los propios candidatos se buscaron colocar para poder ser recordados. El “ángel de la justicia”, “el magistrado del pueblo”, “el juez de AMLO” son apodos reveladores de la falta de independencia judicial que existirá y los incentivos perversos que genera esta forma de elección.

El tema más grave es que el partido de gobierno utiliza instrumentos legales con un aparente espíritu democrático (simulación) a efectos de consolidar no solo su poder político, sino también judicial. Tomar el control de la justicia o neutralizarla es parte del guion de los autócratas, porque ven a las decisiones del Poder Judicial que frenan los apetitos políticos y la impunidad como una piedra en el zapato. 

Por otro lado, con este modelo se pierde todo principio de imparcialidad. Esto no solo porque los jueces empeñan su voluntad a través de promesas electorales, sino también porque dependen de maquinarias políticas y de un financiamiento fuerte para ganar notoriedad ante la gran cantidad de oferta. Entonces, lejos de empoderar al ciudadano, esta medida los desprotege y los aleja más de la justicia de lo que estaban.

Esto no quiere decir que la carrera judicial o que la calidad de la justicia en México eran óptimas, sino que con esta reforma se está promoviendo un remedio demagógico que será mucho peor que la enfermedad. La legitimidad del juez no se consigue en un mercado electoral, sino con sus decisiones imparciales y ajustadas a Derecho.

Por tanto, México está por dar un gran retroceso institucional a partir del hackeo democrático como lo vienen haciendo los otros presidentes populistas de la región. A partir de lo expuesto, con miras al 01 de junio, los mexicanos se estarán preguntando: “¿Quién podrá defendernos?” Si no lo hará un chapulín colorado, menos una inexperta “Dora la justiciadora”.