Qali Warma y Wasi Mikuna: mismo problema con cirugía cosmética, por Angie Higuchi

Aproximadamente cuatro millones doscientos mil niños beneficiarios dependen alimentariamente de programas sociales como Qali Warma.  El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) tiene como razón de ser el proteger a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, el deber dista mucho de la realidad. Actualmente, los programas sociales que se distribuyen a través de instituciones educativas no realizan actividades preventivas y de control para atacar directamente la inseguridad alimentaria en niños vulnerables. Los problemas de nutrición persistentes en nuestro país pueden causar daños irreversibles en la salud de los más vulnerables.

Se sabe que la anemia infantil amenaza un eslabón importante en el desarrollo de la sociedad para la construcción de nuestro futuro como país. La anemia en el Perú, sobre todo en la región andina, continúa siendo un serio problema de salud pública. Las consecuencias inmediatas y secuelas a largo plazo generan un impacto en la productividad del individuo tanto física, mental, cognitiva como intelectual y, por ende, también económica (Tokumura y Mejía, 2023). Las estadísticas oficiales muestran que el 43.1% de los niños de menos de 3 años son anémicos (dos puntos más que en el 2019) y la tasa de desnutrición infantil en los niños menores de 5 años se mantiene en alrededor del 11.5%, alcanzando el 20.3% en las áreas rurales.

El escándalo del programa social Qali Warma se desata varios meses atrás después de la comprobación de que la población infantil se ha alimentado con conservas razonablemente cuestionadas. Existe evidencia comprobable que algunos alimentos estaban descompuestos, que incluían plásticos o insectos, y hasta se llegó a descubrir que las conservas eran de carne de caballo etiquetadas como conservas de carne de res. Se demuestra que, lamentablemente, hay personas que lucraron con la salud pública de los niños pobres del Perú.

Para reiniciar la percepción del público tras la imagen manchada por indicios de corrupción, se crea una continuación del anterior programa con un nombre nuevo: Wasi Mikuna, que significa “comida casera” en quechua. Para publicitar el cambio de nombre del programa social, el exministro Julio Demartini mencionó que se comprarían alimentos frescos provenientes de la agricultura familiar en cada región. Esto jamás tuvo efecto. Peor aún, el nuevo programa ha reportado recientemente casos de intoxicación vinculados al consumo de alimentos distribuidos en varios departamentos del Perú.

Tanto en Amazonas y Junín como otras regiones se dieron las mismas denuncias que caían sobre el programa social Qali Warma. El más sonado fue el que sucedió en Piura con una intoxicación masiva de más de 100 escolares en medio de un problema de escasez de suero fisiológico. Antes Qali Warma y ahora Wasi Mikuna: mismo programa con cirugía cosmética. Las graves consecuencias de este fallido servicio de alimentación involucran corrupción, bajo control y fiscalización, carencia de conocimientos técnicos, desidia y falta de voluntad política, traducidas en una nula capacidad de respuesta de nuestras autoridades. Esto es doloroso porque se está jugando con la salud y la alimentación de niños de escasos recursos.

Mientras Wasi Mikuna entra en un proceso de cierre administrativo, se ha identificado que, el programa no ha tenido una reingeniería de fondo. Durante los últimos cuatro años, la dirección ejecutiva del programa social ha pasado por ocho funcionarios distintos (Salud con lupa, 2024). Asimismo, se ha comprobado que los proveedores no presentan domicilios fiscales comprobados y que las empresas han sido constituidas en menos de un año solo para la participación en el proceso de contratación pública. Por último, las empresas adjudicatarias no cuentan con experiencia comprobable en el rubro, tanto en manejo de alimentos como en distribución de estos. Esto último es especialmente grave considerando que el programa Wasi Mikuna tiene como finalidad proveer alimentos inocuos y de calidad a poblaciones vulnerables, por lo cual se requiere altos estándares técnicos y logísticos.

Se debe trabajar en una total reforma del programa. En principio urge la conformación de la comisión de seguridad alimentaria con carteras clave y con profesionales técnicos, capaces de decidir la utilización del presupuesto en propuestas de corto, mediano y largo plazo, así como la supervisión y reforzamiento de estos programas sociales. Importante también la creación de una comisión de fiscalización para determinar si hay debida transparencia respecto a la distribución de alimentos en toda la cadena, desde proveedores correctamente constituidos hasta la supervisión de almacenes además de reparto y manipulación de alimentos en los colegios de cada región.

Además, la contratación de profesionales ligados a la nutrición, salud, etc. que acompañen los diferentes programas sociales que recomienden las correctas cantidades y calidad de los alimentos. Finalmente, se requiere un sistema de información centralizado que permitan la correcta toma de decisiones y la propuesta de medidas preventivas y correctivas con respecto a la alimentación proporcionada por los programas sociales. Una alimentación adecuada de los niños vulnerables implica tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad, así como a los medios para obtenerlos para su crecimiento y desarrollo. Esto es un derecho, no un favor.