Colegios que se caen, por Miguel Palomino

Hablar de infraestructura pública en nuestro país parece ser, con mucha frecuencia, un ejercicio de masoquismo. Casi por donde se le mire, la realidad es profundamente decepcionante. Los hospitales, las carreteras y puentes y la red de agua potable y alcantarillado se encuentran en una situación lastimosa. Ahora que la seguridad está al centro de la discusión pública, el Ministerio del Interior nos indica que 7 de cada 10 comisarías se encuentran en mal estado y menos de 6 de cada diez cuenta con los servicios básicos. En Madre de Dios, centro de la actividad minera ilegal, 9 de cada diez comisarías están en mal estado.

No obstante lo anterior, me atrevería a decir que el área donde encontramos peor infraestructura pública, y dónde sus deficiencias causan más daño al Perú, es en la educación.  Las cifras son pavorosas, y no solo reflejan lo inadecuado de las escuelas públicas, sino muestran que éstas constituyen un peligro inminente para cientos de miles de niños.

Antes de pasar a analizar la información referente a las escuelas públicas debemos conocer la fuente. En nuestro caso usaremos la información del Ministerio de Educación (MINEDU) que se basa en lo que es casi un censo del total de escuelas usando información uniforme y comparable. Una alternativa frecuentemente usada es la información auto reportada por cada escuela. El problema con esta fuente es que no está basada en un estándar uniforme y depende además del incentivo de cada escuela para sub o sobre reportar su situación. En todo caso, ambas fuentes indican más o menos lo mismo sobre la naturaleza del problema, si bien la fuente del MINEDU tiende a ser más grave.

Para simplificar el análisis, usaremos la información referida a escuelas de educación básica (inicial, primaria y secundaria) que representan casi el 98% de locales educativos. Quedan fuera de este análisis los centros de educación superior no universitaria, que constituyen el restante 2% de locales educativos y cerca de 6% de los estudiantes. El análisis alcanza entonces a cerca de 54,000 locales escolares a los que asisten más de 6 millones de niños.

Cómo ya mencionamos las cifras son pavorosas. Mas de la mitad de los locales escolares necesitan ser sustituidos en su integridad. Es decir, se encuentran en condiciones tan malas que no basta con reparaciones (ni siquiera mayores) para que puedan ser utilizados; y un elevado número de éstos se encuentran en riesgo de colapso. ¡En otras palabras, un gran número de estudiantes han vuelto a clases poniendo en peligro sus vidas!

Eso no es todo, además, uno de cada diez colegios necesita ser sustituido parcialmente y otro uno de cada diez necesita o reforzamiento o de otra intervención estructural.  Solo uno de cada cinco colegios o se encuentra en buen estado (7%) o no requieren de alguna intervención estructural (14%). Si medimos los colegios en otros aspectos como las deficiencias de mobiliario, pizarras, baños, conexión a internet y demás tenemos resultados parecidos.

Generalmente cuando discutimos temas que generan tal sensación de frustración no lo hacemos con el ánimo de flagelarnos. La intención es pensar en qué comportamiento habría que cambiar para lograr mejores resultados. Aunque no soy ningún experto en educación, existe una idea que proviene de los expertos y que tiene todo el sentido económico.  Ésta es en términos sencillos, con más especificaciones luego, que hay que gastar el dinero con mucho más cuidado de lo que se ha venido haciendo. Puede parecer una verdad de Perogrullo, hasta que se especifica a qué cosas se refiere. Veamos.

Entre el 2015 y el 2021, los ingresos del Estado aumentaron en 28% en términos reales, un aumento considerable. Los gastos en educación básica aumentaron en casi lo mismo, pero esto se debió a que los gastos en personal aumentaron en 55% y los otros gastos fueron constantes. Lo que ocurrió durante ese periodo es que se inició la Carrera Magisterial y la Evaluación Docente, cuyo objetivo era promover la calidad de los maestros con el fin de aumentarles el sueldo a quienes comprobadamente lo merecían. ¿Nadie podía estar en contra de dicha medida, no? Excepto por los maestros.

Cuando uno aumenta el sueldo de los maestros lo hace porque está invirtiendo en lograr una mejora en las capacidades de los niños a los que enseñan. ¿Cómo sabemos si esta inversión dio resultado? Tenemos una medición prestigiosa de las capacidades de los niños peruanos: la prueba PISA, que se toma cada tres años a nivel internacional. Lamentablemente, los resultados de esta prueba recién se conocerán a fin de este año y solo podemos contar con los resultados hasta el 2022  (tocaba hacer una prueba el 2021, pero se atrasó por la pandemia hasta el 2022). Los resultados para el Perú de la prueba PISA del 2015 y 2018 fueron espectaculares. Perú fue largamente el país de América cuyos niños mostraron las más grandes mejoras en las pruebas

Ahora veamos el comportamiento de los ingresos del fisco y del gasto en educación en el periodo 2021-2024. Los ingresos fiscales retrocedieron casi 4% en dicho periodo, pero los gastos en educación básica aumentaron en más de 14% y los gastos de personal educativo aumentaron más de 18%. Esta incongruencia es una de las razones que han aumentado el déficit fiscal hasta verlo alcanzar niveles que amenacen el equilibrio fiscal que tanto nos costó alcanzar y que tantos beneficios nos ha generado.

Entre el 2021 y el 2024 el Perú financio un aumento real de más de 3,000 millones de soles anuales para mejorar las capacidades de nuestros niños. ¿Qué resultados tuvo esta inversión? La respuesta es casi ninguna. El Perú mejoró en 0.17% su desempeño, es decir, nada (en las pruebas anteriores había mejorado 50 veces más). En el ranking americano, Perú estuvo en el puesto 6 de 12. Eso es lo que se llama una pésima inversión.

¿Qué ocurrió para explicar semejante cambio? La lucha en contra de la meritocracia en la educación en la forma de la Evaluación Docente. Esta se fue deteriorando gradualmente ante los embates de, entre otros, la dirigencia sindical del profesorado. Al final, en 2024, el Congreso repuso a todos los maestros que fueron cesados por no pasar la prueba. Eso explica cómo, luego de elegir a un dirigente sindical del profesorado como Presidente el 2021, en el Perú se paga cada vez más a los maestros sin que esto muestre ya ningún resultado positivo. 

La moraleja de esta historia es que lo que tiene sentido para la gran mayoría puede ser detenido por un grupo que está decidido a eliminar aquello que los haría esforzarse. Hemos permitido que la educación quede en manos de los que gritan más fuerte, desde la calle y desde el hemiciclo. Padres de familia y alumnos, tomen el asiento al fondo del salón; los mejores sitios quedan reservados para los profesores organizados, enseñen bien o no.