Crece el acoso contra la fiscal de la Nación

El panorama actual de nuestra justicia se torna cada vez más sombrío. El reciente anuncio del Ministerio del Interior, bajo la dirección de Juan Santiváñez, de presentar una demanda constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, es un nuevo capítulo en la ofensiva sistemática contra el sistema judicial.

Esta acción, que se basa en la observación e inaplicación de la Ley 32130, busca limitar las funciones del Ministerio Público y transferir indebidamente las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Desde otro frente, la parlamentaria Kira Alcarraz de Podemos Perú, de José Luna, también presentó una acusación constitucional acusándola de prevaricato por denuncia interpuesta por la titular del Ministerio Público contra la ley que permite a exmiembros de las FFAA y la PNP cobrar sueldo y pensión de manera simultánea.

Por si esto fuera poco, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha iniciado un proceso exprés para destituir a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

La rapidez con la que se están tomando estas decisiones, sumada a la falta de claridad sobre los motivos que las sustentan, debería generar una profunda preocupación entre la ciudadanía.

Ante el evidente abuso de autoridad de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento contra enemigos políticos del régimen de la impunidad, las condiciones para irse contra el sistema judicial en el país están dadas.

En esa línea, ya diversos grupos académicos y el Colegio de Abogados de Lima han enfatizado que esta actuación no solo es peligrosa, sino que parece alinearse con los intereses políticos de aquellos que respaldan a la actual composición de la JNJ, cuyos vínculos con el Gobierno y los partidos congresales existen.

No deja de llamar la atención que una de las que participan en esta operación antijurídica por donde se le mire es María Teresa Cabrera, actual miembro de la JNJ y excongresista por el partido Podemos Perú.

Este intento de despojar a la Fiscalía de su autonomía es un claro indicio del interés del régimen en cooptar la justicia para garantizar la impunidad de los políticos en el poder. Es fundamental que la sociedad civil se mantenga alerta y exija la defensa de la justicia.