Espinoza, Tello y Santiváñez, por César Azabache

Hace solo unos días, el ministro Santiváñez, saltándose todos los procedimientos judiciales que están a su disposición, eligió pedir a la nueva JNJ que intervenga a su favor en el caso que se sigue en su contra por las denuncias del oficial Junior Izquierdo. El oficial Izquierdo, apodado Culebra (mejor llamarle por su apellido), decidió hace ya algún tiempo romper relaciones con Santiváñez después de haber sido particularmente cercanos y entregó a la Fiscalía grabaciones que les muestran intercambiando información sobre intrigas de todo tipo. La Fiscalía de la Nación, la señora Delia Espinoza, le investiga por esto. Y el señor Santiváñez, en una muestra que solo revela arrogancia, decidió pedirle a la nueva JNJ que la suspenda o la destituya, lo que sea con tal de que deje de investigarle.

Pues bien, en estos últimos días, el ministros Santivañez, saltándose ahora a la propia JNJ, a la que él metió en el lío, ha hecho el mismo pedido al Congreso: inhabilitar a la actual fiscal de la Nación. La escena sugiere que Santiváñez no ha encontrado en la JNJ el respaldo inmediato y entusiasta que pensó encontrar y ha decidido trasladar su pedido a un ambiente que imagina más benevolente para con sus intereses.

La trayectoria de este Congreso justifica, por cierto, toda sospecha: La mayoría en el Congreso protegió a Merino en el caso de Inti y Bryan; a Boluarte en todos los casos planteados en su contra; el club Apurímac, las muertes en las protestas que empezaron en DIC22, los Rolex, las cuentas y el Cofre. Además, ha hecho todos los esfuerzos imaginables por bloquear la detención del hermano de la señora Boluarte, Nicanor, y del vocero presidencial, el señor Hinojosa. Lo que tal vez no haya notado el ministro Santiváñez es que sus créditos ante el Congreso podrían estarse agotando. Santiváñez tiene en cartera no ser interpelado por su pésima gestión contra las extorsiones y el sicariato. Además, tiene por delante el riesgo de ser investigado por las condiciones en que se están adquiriendo fusiles y desapareciendo armas en Sucamec.

La agenda personal del señor Santiváñez podría estar demasiado cargada para ahora pedirle a la mayoría en el Congreso que le ayude a resolver los problemas en que se metió cuando decidió contarle al oficial Izquierdo por el teléfono (esto es lo que se investiga) todos los detalles de las intrigas que estaba armando o veía armar a su alrededor.

Pero entonces el caso contra la señora Espinoza podría demorar un poco más para luego ser discretamente desestimado por la nueva JNJ. Entrometerse en una investigación penal en curso pasando por alto las competencias de un juez al que ni siquiera se le ha presentado un reclamo por el asunto no es la mejor manera de entrar a las ligas mayores.

Más allá de sus fallas de origen y de los rumores que ya circulan, la nueva JNJ podría no estar totalmente convencida de seguir a pie juntillas cada capricho que le llega desde el Gobierno. Esa potencial distancia puede partir de una evidencia:  El periodo del mandato de los miembros de la JNJ es más extenso que el del Gobierno y el de los actuales congresistas. En estas condiciones no tiene ningún sentido que los nuevos magistrados de la JNJ expongan el capital institucional que han adquirido atendiendo caprichos de autoridades que ya van de salida.

Para los actuales miembros de la JNJ, la oportunidad de adquirir una cuota de influencia propia y sostenerla en el tiempo proviene de construir un peso gravitacional propio.

Es la autonomía la que genera poder institucional, no la subordinación.

Las opciones están abiertas. Terminaremos teniendo una JNJ capaz de desvincularse de su origen (el TC aún no lo hace claramente) si el “4 a 3” con que ha comenzado el caso Tello termina convirtiéndose en un “3 a 4” o menos porque continúe abierto. Para que sea produzca ese cambio bastará que al menos un magistrado que formó la anterior mayoría note, en cuanto reciba una copia auténtica de los documentos que contienen el caso, cuán absurdo es esto.

No parece tan difícil.

No es una buena idea estrenarse en las arenas institucionales patrocinando cosas absurdas. La regla vale tanto para el caso contra la señora Espinoza como para el caso contra la señora Tello. Ninguno de estos asuntos guarda proporciones mínimas que justifiquen mover una maquinaria de rango constitucional sobre magistradas que acaban de comenzar sus periodos de gobierno.

Somos expertos en desperdiciar oportunidades, eso es innegable. Pero aquí la actual JNJ tiene entre sus manos un par que puede hacer la diferencia en lo que ella represente durante los siguientes cinco años.

La coalición ha imaginado que su reproducción al 2026 será automática; que solo le basta inhabilitar a cada rival verdadero o imaginario que se mantenga en pie para repetirse a sí mismos. Año y medio antes del final de este ciclo, esa reproducción no parece estar asegurada. La coalición tiene que diferenciarse de sí misma, tiene que diferenciarse del Gobierno y tiene que resolver sus propias disputas internas por las candidaturas. Ese no será un ejercicio sencillo. Menos para el Gobierno, que está bastante lejos de tener asegurada una bancada que le defienda en el siguiente periodo.

En este entorno parece un enorme error creer que este Estado enano que quiere cogerlo todo puede seguir engullendo instituciones. En política, la influencia, si no se apoya en instituciones, si más bien destruye instituciones que puedan sostenerla, crece hasta un punto y a partir de ahí comienza a declinar. Año y medio antes del final de este ciclo, los casos Espinoza y Tello podrían representar el inicio de ese declive.

El Estado enano podría estar perdiendo ya su capacidad para devorar instituciones.

Dos ventanas abiertas.

Las decisiones que definirán el sentido de las cosas están ahora en las manos de la JNJ.