Congreso, cómplice del crimen organizado, por Indira Huilca

Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Lima y Balnearios de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, fue brutalmente asesinado el jueves por un sicario frente a la sede central del sindicato. Este crimen no es un hecho aislado; es parte de una escalofriante tendencia de violencia que la Federación de Construcción Civil viene denunciando desde hace más de una década. Desde el 2011, al menos, 24 dirigentes han sido asesinados por mafias que operan bajo la fachada de sindicatos paralelos. Pese a las múltiples movilizaciones y la exigencia de la federación de cancelar el registro de estos seudosindicatos, el Ministerio de Trabajo ha ignorado la gravedad de la situación. Nadie debería perder la vida por defender su derecho al trabajo.

Sin embargo, esta consigna no es compartida por quienes controlan las instituciones en nuestro país. Basta mirar el rol cómplice del Congreso o el Ejecutivo. El 9 de agosto, el Congreso promulgó, sin observación del Gobierno, la Ley 32107, que beneficia al crimen organizado. La norma desconoce más de cincuenta actividades pasibles de ser investigadas como delitos de crimen organizado al exigir que la pena mínima de estos sea de seis años. Bajo este esquema, quedan fuera delitos como la estafa, tráfico de influencias, cohecho y tala ilegal. Otro aspecto de esta fechoría perpetrada en favor de la delincuencia es que se cambia la definición de crimen organizado para restringirlo a grupos que ‘controlen la cadena de valor de una economía’. Sin una definición precisa, probar esta condición se volverá la puerta a la impunidad de estas bandas que hoy nos impiden vivir en paz.

El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que muchos procesos podrán ser archivados o derivados a fiscalías no especializadas. Ni el Congreso ni Boluarte pueden alegar ignorancia.

La realidad es que la resistencia frente a la inseguridad y el crimen organizado está siendo liderada por organizaciones populares como la Federación de Construcción Civil o las comunidades indígenas de nuestra Amazonía. Mientras el país esté gobernado por un Congreso como el actual, será imposible distinguir entre Estado y el crimen organizado.