Llamado a la acción en el Día Mundial del Ambiente, por Isabel Calle

Hace más de 50 años, Naciones Unidas estableció el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, y hace más de 30 años se acuñó el término “desarrollo sostenible”. Sin embargo, aún persiste la dicotomía entre lo ambiental y el desarrollo económico en la agenda nacional; así como la postura injustificada de grupos de poder y algunas entidades del sector público que consideran lo ambiental como un obstáculo para la recuperación económica.

En este mes, en el que además se celebra el Día Mundial de los Océanos, así como el Día de la Preservación de Bosques Tropicales, es importante recordar que Perú es uno de los países más biodiversos del planeta, pero a pesar de esta riqueza tiene retos ambientales pendientes. Uno de ellos es detener la deforestación que se ha vuelto incontrolable, especialmente en la Amazonía. Hasta el 2020, se estima que se han perdido unos 12 millones de hectáreas de bosque natural, sobre todo por actividades relacionadas con la expansión agrícola. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó en diciembre pasado la Ley 31973, denominada por muchos como la ley antiforestal porque promueve las invasiones y limita la posibilidad de que el Estado restaure áreas deforestadas. 

Otro reto urgente que debemos atender es enfrentar y detener la violencia contra los defensores ambientales, quienes sufren amenazas y ataques por proteger el ambiente y sus territorios ante actividades ilegales como la tala, minería y cultivos ilícitos. Solo en los últimos diez años, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha reportado el asesinato de 33 defensores ambientales. En este contexto, es vital que Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que fomenta la participación ciudadana y transparencia en asuntos ambientales, y fortalece la protección de las personas que defienden los derechos humanos. Aunque Perú firmó el acuerdo en 2018, el Congreso aún no lo ha ratificado, pudiendo hacerlo hasta en dos ocasiones.

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Igual de importante es la protección de nuestro espacio marino. Este año se creó la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau; sin embargo, nuestro país aún no ha cumplido la meta de proteger al menos el 30 % de sus espacios terrestres, aguas continentales y océanos para 2030, según el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, aprobado en la COP15. Cabe destacar que la creación del Mar Tropical de Grau tomó más de diez años debido a preocupaciones del sector empresarial por los lotes petroleros concesionados en la zona, a pesar de que la legislación peruana permite la coexistencia de la actividad petrolera con áreas protegidas, siempre que se cumplan con los estándares ambientales.

Otro aspecto relevante relacionado con la conservación marina está vinculado a la contaminación por plásticos. Cada año, aproximadamente 11 millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos, y se estima que esta cifra podría triplicarse para el año 2040. En el Perú, cada persona en nuestro país utiliza alrededor de 30 kilos de plástico al año. En respuesta a ello, desde el año 2018 contamos con la Ley 30884, una norma que regula los plásticos de un solo uso. Actualmente, la implementación de la ley está en un punto intermedio, ya que aún no se desarrollan diversos reglamentos técnicos.

En cuanto a adaptación al cambio climático, nuestro país se encuentra entre los 20 países más vulnerables a este fenómeno global. Por ello, asumiendo sus compromisos ante el Acuerdo de París, el Perú presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en 2018 y las actualizó en 2020, comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40 % para el año 2030. Es necesario recordar que cumplir con los objetivos del Acuerdo de París no recae exclusivamente en los Gobiernos nacionales, sino que requiere la colaboración de múltiples actores, incluyendo autoridades locales, la sociedad civil y las empresas. El sector privado desempeña un papel estratégico en este tema.

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En este mes, ideal para recordar lo vital que es proteger la naturaleza y todos los servicios que nos provee, es necesario resaltar que existe una tendencia hacia la flexibilización de los estándares ambientales y sociales en el Perú. En los últimos años se han identificado propuestas legislativas en el Congreso para derogar normas nacionales importantes, como la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, la ley de plásticos, así como las normas que intentan detener la minería ilegal en la Amazonía, entre otras.

Sin embargo, no todo es malo porque también existen buenas iniciativas. Por ejemplo, desde el Congreso se han propuesto leyes para asegurar la remediación de los daños ambientales de manera oportuna y eficaz, así como la implementación de instrumentos financieros que garanticen la reparación de los daños al ambiente. Asimismo, se ha propuesto una norma para mejorar la atención de emergencias ambientales.

Ambas propuestas responden a los vacíos legales que se identificaron el 2022, como resultado del derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, en enero de dicho año. Como recordamos, este desastre ambiental producido por el derrame de unos 12.000 barriles de petróleo de una de las estaciones de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, afectó dos áreas naturales protegidas, produjo la muerte de numerosa fauna marina e impactó sobre la economía de miles de personas que viven realizando actividades relacionadas al mar.

Si bien el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra en junio, es importante señalar que todo el año debemos reafirmar nuestro compromiso con la protección de nuestro entorno natural, reconociendo la importancia de mantener altos estándares ambientales y una institucionalidad firme para lograr el desarrollo sostenible que tanto deseamos. Nuestra riqueza natural es única, no la perdamos.