El fin de la institucionalidad

La propia relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, se muestra ingratamente sorprendida por el curso acelerado de los acontecimientos en Perú, bajo la conducción del pacto corrupto encabezado por el fujimorismo y sus satélites. “Estoy siguiendo las noticias preocupantes sobre la Junta Nacional de Justicia en Perú”, dice cuando la institución ya ha sido sentenciada en la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano, a la disolución inmediata. No hay que olvidar que esta congresista aún carga sobre sus hombros la acusación de ser el contacto entre el MP de Patricia Benavides y los congresistas que buscaban el arreglo político a sus denuncias fiscales a cambio de votos.

Es con base en estos acuerdos que se destituyó a Zoraida Ávalos, a los dos miembros más confrontacionales de la JNJ y se pactaron una sucesión de blindajes a Dina Boluarte y sendos operativos destinados a garantizar la impunidad corporativa de legisladores y miembros del Ejecutivo.

En otras comisiones también presididas por fujimoristas o sus adláteres se aprobó un predictamen que apunta a la recomposición de la cooperación internacional, en la perspectiva de silenciar la crítica con la que los sistemas de la ONU, OEA y otros organismos multilaterales —incluyendo el FMI y el BM— observan consternados cómo la apisonadora fujimorista hace tabla rasa de la ley, la Constitución, la institucionalidad y la separación de poderes. Todo ello ante la mirada impasible de Dina Boluarte, canjeando a cambio de esta posición genuflexa un viaje a China al que se apuntan también varios congresistas, por supuesto con dinero del erario público.

El pacto corrupto que nos gobierna está siguiendo la política de la tierra arrasada, de tan ingrata recordación. Y como ocurrió en el 2000, tarde o temprano volverá la ciudadanía a recuperar su institucionalidad democrática.