Contra el pacto infame

En la votación que se realizó en el Congreso para la remoción de la actual presidenta Dina Boluarte, solo 28 congresistas opinaron a favor. El resto hizo causa común no con la mandataria, sino con su curul, los meses que les quedan por delante de bonos, viajes y otras prebendas que se otorgan entre ellos, a mano alzada.

Es una cifra que permite establecer que Dina Boluarte y su gabinete operan con una mayoría política en el Congreso, logrando ambos —Ejecutivo y Legislativo— permanecer en los cargos mientras se pueda, con el compromiso silencioso de no interferirse mutuamente.

Con esa complicidad, el Congreso avanza en sus propios intereses, arrinconando a los otros poderes del Estado, mientras organiza el país legal que les sea útil. El sistema de justicia ad hoc, el sistema electoral obsecuente y una ciudadanía sin liderazgos.

En este proyecto suicida para la democracia peruana no interesa qué norma se vulnera o qué mecanismo se pone en marcha. Se trata de tener el terreno apisonado para seguir adelante con la dinámica que ya saben que es útil y con las autoridades adecuadas para no tener interferencias.

Es una lógica perversa la que se está instalando. Los investigadores están pasando a la categoría de investigados y los personajes con procesos de corrupción sostenidos en hechos, datos y delatores confesos ahora se están convirtiendo en perseguidos políticos y víctimas de quienes pusieron a la luz sus delitos.

La maquinaria avanza y tiene ya objetivos claros. Primero, la Junta Nacional de Justicia, a la que el 7 próximo se le juzgará por cargos que no resisten el análisis. Y tras ello, seguirán otros organismos autónomos, como los entes electorales. Se trata de un proyecto político lesivo y autoritario, indigno de cobijarse en un poder del Estado, que por esencia debe responder a la ciudadanía y que apenas cuenta con un 6% de aprobación. Son tiempos muy oscuros para el país.