JNJ: ¿cosa de “caviares”?, por Irma del Águila

Se quiso instalar la idea de que movilizarse para defender a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ese resquicio de institucionalidad, era una cosa de “caviares”. Para eso, se contrapuso a la JNJ con las víctimas de las protestas. Como si no fueran dos caras de la misma moneda. Como si los abogados y los familiares de las víctimas no estuvieran bregando meses y meses, de aquí para allá en demanda de justicia.

De ahí la maniobra del desplazamiento retórico en redes, con una intencionalidad política, introduciendo el elemento “caviar”: así, la JNJ era, en realidad, un asunto de “caviares”, era pues “su” JNJ. Y esos “caviares”, ya se sabe, son la elite aborrecible. Luego ¿por qué “el pueblo” debiera salir en defensa de “su” JNJ?

En relación al “pueblo”, la encuesta de octubre del IEP revela que un 74% nacional considera que si el Congreso destituye a la JNJ, la democracia queda herida. Se destaca que el porcentaje más alto proviene de los habitantes del sur del país, 79%.

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En esta maniobra retórica que es abuso de la metonimia, no se incluye, por si acaso, a los manifestantes, con una herida abierta por una “Lima” que marchó poco en estos meses (por circunstancias que se tendrían que discutir). Sino al uso instrumental que se quiere dar de ese hondo y legítimo sentimiento de agravio moral.

JNJ vs. víctimas es una falsa disyuntiva: Juan José Quispe (IDL), abogado de los deudos, señaló que Patricia Benavides está “correctamente suspendida en el ejercicio del cargo” por la JNJ. La fiscal de la Nación es corresponsable de ese remedo, estropicio de investigación fiscal abierta a raíz de los brutales asesinatos en el sur andino.

Es una falsa disyuntiva: más allá de los errores y críticas válidas a la JNJ, esta era y es estratégica en la búsqueda de justicia. Ahora mismo los abogados y familiares de las víctimas esperan que, con la suspensión temporal de Benavides, probos y competentes fiscales de derechos humanos puedan asumir los casos en el sur andino, y retornar los expedientes a sus jurisdicciones de donde no debieron salir. ¿Cómo así entonces se pretende hacer creer que el destino de “su JNJ” corre por un carril y la justicia que esperan las familias por otro? Se sugiere que sí, que son cosas distintas y se “juega” a ser ventrílocuos. Esta operación retórica es propia de nuestro faccionalismo político, ese que opera con un horizonte de lucha bien chiquito.

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Y mientras esto ocurría en redes, Nativa reveló el viernes 14 que nueve congresistas (Acción Popular, Perú Libre y Avanza País) debían ser detenidos el 5 de diciembre de 2022. La razia de las instituciones de justicia por el Congreso sería fruto de una negociación con “alias Vane”. Un toma y daca. Llamemos a las cosas por su nombre.

Que se haga justicia es el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas.