Es necesario reinformarse, por Miguel Palomino

Cuando se creó la legislación que trata sobre la formalización de la minería artesanal, existían excelentes motivos para hacerla. Por un lado, era indispensable crear una distinción entre minería ilegal y minería legal. La minería ilegal hace un tremendo daño al país. El ejemplo más claro en ese entonces era la masiva deforestación y envenenamiento con mercurio de la selva amazónica con el propósito de extraer oro.

Además, quienes habían estudiado el tema señalaban que existía el peligro de que la minería ilegal se convirtiese en una amenaza contra los peruanos en general, dada la tendencia a que creciera el involucramiento en ella de bandas criminales mucho más difíciles de enfrentar.

Así, los expertos en el tema, Basombrío, Valdez y Vera, escribieron en el 2019: “Este es un escenario probable a mediano y largo plazo” que “significaría una grave amenaza a la seguridad nacional, pues significaría la toma del territorio, de los espacios políticos y de la economía por parte de las diferentes economías ilegales y una mayor presencia del crimen organizado internacional en el país”. El ataque a una minera con el asesinato de diez trabajadores, sucedido en Pataz hace unos días, es la materialización de una amenaza que era claramente previsible hace años.

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Examinemos lo sucedido en el caso del intento por formalizar a los pequeños mineros. El DL 1293 de diciembre de 2016 dio facilidades a los mineros artesanales para que iniciaran el proceso de formalización mediante su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2019. Este esfuerzo ya tenía antecedentes desde el 2002 con la Ley 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal), así como por la implementación de un registro similar en 2012.

Era pues conocida la dificultad para la formalización de la minería artesanal y era también conocido por parte de los mineros artesanales que era probable que esta vez tampoco se llegara a nada. Pero el resultado de la ley fue mucho peor de lo imaginado.

El Reinfo fue diseñado casi sin filtro respecto a quién podía inscribirse, luego se fue ampliando el plazo de inscripción y finalmente, con la pandemia, las extensiones del plazo vinieron acompañadas de exenciones de responsabilidad penal a favor de los sujetos que estuvieran registrados en el Reinfo. Así, en la práctica facilitó, por ejemplo, la compra de explosivos y la comercialización de oro no fiscalizado, ¡aun cuando estos permanecieran suspendidos en el registro por no cumplir los requisitos mínimos! 

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Así, la inscripción en el Reinfo daba carta blanca a desarrollar minería ilegal. Esto se logró mediante congresistas siempre dispuestos a defender los intereses de quienes se mostraran generosos.

El advenimiento de Castillo no hizo sino empeorar las cosas, pues ahora era claro para todos que no se iba a hacer nada por detener este conveniente arreglo. El largo proceso, además, permitió el ingreso del crimen organizado, que ni siquiera podía ser penado. Todo esto se dio mientras que, cortesía del Gobierno y del Congreso, el presupuesto para luchar contra la minería ilegal se redujo en 26% en los últimos cinco años.

Un actor que no hay que dejar de mencionar, y que con su actuar es funcional a los mineros ilegales, son los Gobiernos regionales, sobre los que recae la fiscalización de la pequeña minería, pero no se han mostrado dispuestos a hacerla.

Finalmente, no olvidemos para quién debió de hacerse esto: los verdaderos mineros artesanales. Ellos enfrentan un problema muy complicado, como lo es la informalidad en todo el Perú. Pero si no se cambia el Reinfo por un sistema que funcione no haremos más que ponerlos a merced de bandas criminales. Porque quien ataca a una minera grande la tiene mucho más fácil atacando a mineros artesanales.