¿Adónde van los desaparecidos?, por Adriana Urrutia y Gabriel Carrasco

(*) Politóloga

(*) Salubrista y epidemiólogo. Lab. Innovación en Salud. Universidad Peruana Cayetano Heredia.

El cambio climático genera condiciones para una sindemia, la ocurrencia de una o más epidemias de forma simultánea. En el Perú, hacemos frente a una epidemia social que contribuye a este fenómeno: la epidemia de violencia contra los defensores ambientales que vienen cumpliendo un rol clave en la crisis climática. Como decía Rubén Blades en su canción Los desaparecidos, ¿por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales.

Quinto Inuma Alvarado falleció el 29 de noviembre de 3 disparos que recibió cuando regresaba al territorio de su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu en la región San Martín. El líder kichwa fue víctima de la epidemia de violencia que viene siendo provocada por el avance de las economías ilegales en territorio amazónico. Entre el 2012 y el 2021, 51 defensores ambientales fueron asesinados en el Perú, según un reporte de la organización internacional Global Witness. En diciembre de 2022, según la misma fuente, 8 defensores fueron víctimas de homicidio.

PUEDES VER: Nueve años después, caso Saweto aún no halla justicia

La economía ilegal es la causa de esta epidemia. Datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos trabajados por Ojo Público reportan que solo en la Amazonía, 27 muertes de líderes indígenas y defensores ocurrieron entre mayo de 2013 y noviembre de 2023: 5 muertes asociadas a la tala ilegal, 5 a la minería ilegal, 10 al narcotráfico, 3 al petróleo y 4 al tráfico ilegal de tierras.

La epidemia de violencia que ha costado la vida de los defensores tiene múltiples impactos en la salud. Defensores y defensoras ponen en agenda la protección de las tierras de sus comunidades que implica, entre otras cosas, frenar la deforestación. La deforestación y la tala ilegal modifican la frontera natural, transforman el entorno y generan múltiples consecuencias entre las cuales la reemergencia de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria (Wilcox y Elis, 2006, entre otros).

Defensores y defensoras combaten la minería ilegal, cuyos principales efectos analizados son las enfermedades respiratorias y del corazón como infarto e hipertensión y están asociados a la contaminación de los ríos en la Amazonía (de Bakker et al, 2021).

PUEDES VER: Lote 76: tiene más reservas de gas que Camisea pero amenaza la Amazonía

Las muertes, además, tienen un impacto en la salud mental en las comunidades, un problema de salud nunca atendido.

El Estado peruano ha desplegado desde abril de 2022 el mecanismo intersectorial para protección de los defensores, pero no ha sido suficiente. La desprotección frente a la epidemia de violencia de quienes cuidan la Amazonía, como lo muestra la no ratificación del Acuerdo de Escazú, son un ejemplo de que, como decía Blades, no todos somos iguales frente a los ojos de quienes gobiernan. En un contexto de desmoronamiento institucional, a pesar de todo, es necesario hacer un llamado a proteger a quienes cuidan uno de los espacios con los recursos más importantes frente a la crisis climática.