Morir matando, por Ana Neyra

Ha pasado una semana de que fuimos testigos de las primeras informaciones que involucraban a la fiscal de la Nación en una organización criminal en la que, a cambio del archivo de investigaciones, se estarían negociando votos de congresistas para sacar del camino a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, remover a los integrantes de la entidad que la buscaba investigar (la Junta Nacional de Justicia) y seleccionar a un defensor del Pueblo que pudiera actuar de manera favorable a sus intereses, como parte de la comisión encargada de seleccionar por concurso público a la Junta Nacional de Justicia (que elige a jueces y fiscales).

Este escándalo reflejaría la instrumentalización de la función fiscal, una en la que la decisión de seguir investigando un caso no depende de si hay indicios o no de delito, sino de cómo se puede presionar y obtener favorecimiento y así estas investigaciones se den por concluidas.

Es claro que es posible que haya negociaciones de votos en el Congreso y con contenido político. Sin embargo, ¿por qué la fiscal de la Nación negociaría votos con congresistas en los tres escenarios antes descritos? Y, tal vez lo más grave, ¿está dentro del marco de la ley el intercambio de votos a cambio de que no continúen investigaciones por posibles delitos?

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Luego del escándalo, la Junta Nacional de Justicia –con algo de tardanza y sin una comunicación muy clara– inició un procedimiento disciplinario a la fiscal de la Nación y se ha solicitado su suspensión preventiva (con sustento en los artículos 2-g y 42 de la Ley Orgánica y los artículos 72, 86 y siguientes del Reglamento Disciplinario de la Junta).

El 6, que parece lejano, se debería realizar la audiencia para recibir sus descargos, aunque la fiscal de la Nación busca que una medida cautelar ya concedida se amplíe para impedir esta investigación y eventual suspensión. Se hace pública también una moción congresal para iniciar una investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia –una más– por su supuesta falta de imparcialidad contra la fiscal de la Nación y se busca poder removerlos en una –nuevamente– dudosa interpretación del artículo 157 de la Constitución.

Lo que genera indicios más fuertes de que la fiscal de la Nación habría tenido conocimiento de estas coordinaciones o intentado encubrirlas es que, enterada extraoficialmente de los inminentes allanamientos y detenciones a su círculo cercano, decide acudir a su despacho y redactar en horas de la madrugada una resolución para remover a quien justamente buscaba desentrañar esta maraña delictiva: la hasta entonces coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, además de que se hallaron remanentes de documentos destruidos por los propios asesores de la fiscal de la Nación mientras la acompañaban.

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En medio de la terrible sensación que deja ser testigos de esta presunta red criminal (en un nuevo episodio peruano en que videos y audios desenmascaran corrupción), tal vez lo más repudiable ha sido la instrumentalización de las víctimas de la represión violenta de las fuerzas del orden en las marchas a fines del año pasado. La fiscal de la Nación adelanta una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, con discutible sustento en la Constitución (se debate si es posible ante presidentes en funciones) y, sobre todo, sin la investigación suficiente (la que acababa de ampliarse para recibir testimonios y actuar pruebas), con el probable resultado de impunidad y falta de asunción de responsabilidad (directa e indirecta).

La fiscal de la Nación parece querer morir matando. Lo malo es que no solo “mata” a sus supuestas fuerzas de ataque (el Gobierno), sino que en la práctica mata también la institucionalidad, la democracia y –por si esto no fuera poco– la justicia.