Garantizar el sistema judicial

Ha sido un buen día para la legalidad. Desde Ica se le negó la libertad al sentenciado expresidente Alberto Fujimori y en Lima se estableció que el caso contra Keiko y 38 personas naturales y 2 jurídicas que son sus coacusadas por lavado de activos y organización criminal está suficientemente sustentado y pasa a la etapa de juicio oral.

Pese al debate propiciado por la aclaración del Tribunal Constitucional sobre si procedía o no la libertad del actual reo en la Dinoes, y el traslado de la decisión a la Corte judicial de Ica, el indulto no prosperó.

La causa se ha trasladado nuevamente al TC, que, según versiones oficiales, le dará trámite en el más breve plazo. El magistrado de Ica, al retornar la abultada documentación, agregó que “por mandato legal” le corresponde al TC resolverlo. Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, incluso ha señalado que será una solución definitiva la que se adoptará en las próximas horas.

Aunque sigue el debate sobre esta liberación, que se impondría sobre un mandato expreso de la Corte Interamericana que señala la inaplicabilidad del indulto, hay expertos que sostienen que los magistrados del TC han adelantado opinión públicamente y eso les impediría volver a fijar un punto de vista sobre el particular.

El anuncio del auto de enjuiciamiento que ordena el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y sus coacusados por delitos de lavado de activos y organización criminal pone a la lideresa de Fuerza Popular en una condición sumamente complicada. De acuerdo a la acusación fiscal, se solicita para ella 30 años de prisión.

En medio de la crisis política y el debate inacabado sobre la situación de la controvertida fiscal de la Nación y casi un tercio de los congresistas que participaron del intercambio de favores por votos en el Parlamento nacional, se hace necesaria la preservación del sistema judicial ante cualquier peligro de contaminación que provenga del poder. Por ello es fundamental que se adopten acciones urgentes para garantizar el cumplimiento de los mandatos de independencia y probidad de jueces y fiscales y que se restablezca la autoridad en el Ministerio Público.