10 años de negación, por Paul Maquet

El 2012, el pueblo de Espinar (Cusco) salió a protestar contra la contaminación atribuida a la minera Tintaya (ahora Antapaccay). Un estudio de una dependencia del Ministerio de Salud había encontrado metales pesados en el agua, lo que causó la indignación de la población.

Tras una mesa de diálogo, se acordó realizar un estudio integral sobre la contaminación: el “Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo”, culminado el 2013. Este estudio confirmó la grave contaminación asociada a las zonas de actividad minera. Sin embargo, la determinación de la causa fue dejada para estudios posteriores. Mientras tanto, la empresa se ha escudado en una supuesta “contaminación natural” y durante 10 años ha evitado asumir cualquier responsabilidad.

Hace poco, el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ha culminado 6 estudios sobre la causa de la contaminación en agua, aire, flora y fauna. Estos informes documentan la existencia de contaminación con metales pesados (plomo, arsénico y otros) que se origina en las operaciones de la minera: en sus voladuras, depósitos de relave, desmonteras, etc.

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La primera reacción de la empresa ha sido –nuevamente– un modo negación. A través de un medio de prensa, la compañía ha dicho que hay “errores metodológicos” y que las muestras han estado mal tomadas. Parece la actitud de un niño que es ampayado con la boca llena de chocolate y dice “yo no fui”. No se puede seguir negando lo evidente: es momento de que la empresa asuma su responsabilidad, revise sus prácticas e invierta todo lo necesario para detener las causas de la contaminación. Además, debe empezar a prever las indemnizaciones que los ciudadanos afectados, con todo derecho, sin duda reclamarán.

¿Y qué hará el Estado? ¿Seguirá temeroso de incomodar a la sacrosanta inversión, o asumirá el rol que le corresponde para garantizar los derechos de la población?