La independencia electoral

A partir de que el Tribunal Constitucional señaló la posibilidad de que el Congreso impusiera la figura del control político a los miembros de la Junta Nacional de Elecciones y al presidente de la ONPE, desde el Parlamento se están trabajando proyectos de ley que convierten en realidad esta exhortación.

El 23 de febrero pasado, el TC emitió un fallo en el que recomienda la modificación del artículo 99 de la Constitución para incluir a los miembros del JNE, al presidente de la ONPE y a la autoridad del Reniec. En ese dispositivo constitucional se señala expresamente a las autoridades a las que se les puede formular antejuicio y juicio político.

El presidente, los congresistas, los ministros, los miembros del TC, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, los vocales supremos y los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor de la República son pasibles de este tipo de procesos, por infracción a la Constitución o por delitos cometidos en los años de ejercicio del cargo y hasta los 5 años posteriores.

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La exhortación del TC para que se agregue a las autoridades electorales mediante reforma electoral ha sido respondida por especialistas y los propios magistrados del JNE que han señalado la inconveniencia, debido a la pérdida de autonomía e independencia que debe caracterizar a los miembros de los organismos encargados de los comicios.

Sin embargo, las bancadas no han actuado con base en estos criterios. Desde Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros, se han lanzado iniciativas tendientes a colocar a las autoridades electorales bajo el yugo del voto del Congreso.

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Algunas de ellas se basan en la interpretación que parte del hecho de que siendo en el origen jueces supremos, también les corresponde el juicio y antejuicio. Otras sí buscan expresamente incorporarlos en el contenido del artículo 99.

Con los cambios en las comisiones y la Mesa Directiva, la modificación planteada por el TC podría ser parte de la agenda de esta nueva legislatura. Hay que seguir muy de cerca estas propuestas porque se trata de un paso más del Congreso para la captura institucional que están promoviendo y otro retroceso en la calidad de la democracia, que nos está afectando como país.