Semana judicial, por Raúl Tola

En solo una semana, dos personajes centrales de la política peruana de los últimos tiempos se han visto comprometidos gravemente con la justicia. Primero, la Fiscalía incautó 295 bienes por 1.000 millones de dólares, señalando que pertenecen a una organización criminal que se articuló alrededor de la Universidad Alas Peruanas y que tiene como figura notoria a Joaquín Ramírez. Luego, Daniel Urresti fue condenado a doce años de prisión por el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, en 1988 (un hecho que, por cierto, nos recuerda la importancia del Lugar de la Memoria).

Como es de sobra conocido, Urresti ha sido ministro del Interior de Ollanta Humala y dos veces candidato a la presidencia, además de congresista y candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú de José Luna Gálvez. Por su parte, Ramírez fue secretario general, financista y parte del núcleo que rodeó a Keiko Fujimori en Fuerza Popular, al menos hasta el 2016. Más allá de las particularidades de cada caso, es asombrosa la predilección que partidos políticos peruanos vienen demostrando por los personajes cuestionados, con procesos penales abiertos, que integran en sus filas a pesar de la alta posibilidad de una condena.

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¿Por qué toman estos riesgos? ¿No ha sido suficiente con experiencias como la de Alberto Fujimori, que encumbró y dio carta libre a Vladimiro Montesinos, quien había sido condenado por traición a la patria, tenía públicos antecedentes como espía y era un conocido abogado de narcotraficantes? Nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que, alcanzado el poder (como aspiran las agrupaciones que los cobijan), alguien con estos antecedentes tendrá un comportamiento pulcro, intachable, constructivo. Que, teniendo de su parte el respaldo político, lo invertirá en aras del bienestar general.

Esta es una prueba más de la profunda degradación de nuestra política, con nuestros partidos albergando alegremente a las peores mafias de nuestro país, comenzando por las universidades de mala calidad, como Alas Peruanas —que perteneció a la familia Ramírez— o Telesup, de José Luna Gálvez, que apostó decididamente por la figura de Urresti. Después de esta semana quedan más claros que nunca los verdaderos intereses detrás de los ataques contra la Sunedu, que les quitó el licenciamiento a ambas universidades. Nuestra política se ha convertido en un nido de hampones, que se conocen, miman, protegen y llevan años colonizando las instituciones públicas para protegerse de la justicia, nombrar autoridades afines y beneficiarse con leyes hechas a la medida. Junto a ellos orbita una constelación de operadores políticos y mediáticos, que usurpan los títulos de “comentarista político” y “periodista”.