Las oficinas regionales de Migraciones

Aunque la justifiquen unos y la festejen otros, la agresión a funcionarios del estado en varias regiones constituye una expresión decadente y peligrosa de una democracia débil y un país fragmentado.

Ayer, un grupo sacó a empellones al viceministro de salud, Henry Rebaza, de un restaurante de Ayacucho; el ministro de energía y minas, Oscar Vera, tuvo que ser retirado por su seguridad en medio de unos manifestantes en Abancay; el titular de trabajo, Alfonso Adrianzén, fue abucheado en Tacna y debió dejar el lugar; y los ministros de educación y del MTC, Oscar Becerra y Paola Lazarte, no pudieron asistir a la instalación del año nuevo escolar en Arequipa por la presencia de ciudadanos con pancartas contra el Gobierno.

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Este rechazo también les ocurre a los parlamentarios de izquierda, derecha o centro que han viajado fuera de Lima desde hace tres meses. Todos son expulsados entre insultos. Pese a ello, el congresista Enrique Wong ha solicitado adelantar la semana de representación, como si alguien esperara que ellos pudieran realizar algún aporte.

Del enrejado de algunos barrios contra la delincuencia, o los bloqueos de carreteras que impiden la libre movilización, se ha pasado a determinar quiénes pueden ingresar a ciertas zonas. En Puno, por ejemplo, las comunidades aimaras se reservan el derecho de admisión de periodistas en función de si creen que su cobertura coincidirá con sus puntos de vista, lo que, evidentemente, constituye una amenaza a la libertad de expresión.

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En los años ochenta se hablaba de ‘territorios liberados’ a las zonas que Sendero Luminoso controlaba y en las que impedía el ingreso de quienes no quisiera, incluyendo a las fuerzas del orden.

Hoy no es lo mismo, sin duda, pues no se trata de terrorismo, pero la idea de que al territorio nacional se le puede poner tranqueras sin permiso gana entusiastas, según quién maneje la minioficina de Migraciones, algo que es peligroso y de lo que no se están dando cuenta los que festejan la agresión a funcionarios del estado como expresión de que sigue viva la protesta tras el golpe de Pedro Castillo, o para lo cual tienen una justificación a la mano como respuesta a un estado inepto al que, creen, se le debe enfrentar a patadas.