Nueva calificación

En el Perú urge un proceso electoral que nos permita retornar a la democracia representativa que tanto esfuerzo nos costó recobrar, tras el periodo de la autocracia del fujimorismo y la década sangrienta del terrorismo. Sucesivos cambios presidenciales desde el 2016 han mostrado que nuestro sistema —imperfecto por la debilidad de los partidos— ha cedido el paso a una nueva crisis tras el golpe de Estado del expresidente Castillo y la toma de mando de la actual mandataria Dina Boluarte.

Perú es definido como un Estado híbrido con rasgos autoritarios que se demorará algunos años en recuperar el estatus democrático y la credibilidad de sus pares en el mundo, consternados por la violencia de las manifestaciones en regiones, como en el sur del país, bloqueo de carreteras y movilizaciones en Lima. La respuesta oficial de represión indiscriminada y muerte de casi 60 personas también ha contribuido al descenso en el tablero de la revista The Economist. Solo Perú y Papúa Nueva Guinea han visto desmoronarse sus acreditaciones democráticas este año.

La falta de un acuerdo que facilite elecciones generales, transparentes y bajo observación internacional ha puesto en evidencia la precariedad institucional que nos caracteriza en este período, sin organizaciones representativas y sin voceros autorizados para una transición necesaria.

El Gobierno ha mostrado su talante autoritario al desistir de su rol negociador, ejecutando una represión desmedida, un discurso discriminador, inhabilitación del sector político bajo falsas premisas de terruqueo y con la agudización de la polarización ya existente.

El Congreso ha agudizado la ingobernabilidad al ser incapaz de garantizar que se facilite la elección adelantada, ya sea para el 2024, y ahora al negarse bajo una serie de argumentos a facilitar la opción del 2023.

Esta caída en el Índice de Democracia 2022 de la Unidad de Inteligencia de The Economist nos coloca en el puesto 75, mientras que la agitación política destruye al Perú.

Ya no somos el país que asombraba a los observadores internacionales con su estabilidad y su crecimiento sostenido. Es una situación límite que nos debe empujar a la acción urgente y que requiere de autoridades en el Legislativo y en el Ejecutivo que estén a la altura del grave reto. Lo visto hasta el momento no permite alimentar la esperanza.