¿Retorno a la bicameralidad sin reforma?

Por Luciano López Flores, abogado constitucionalista y docente universitario (PUCP).

Hace casi un mes que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que preside la congresista fujimorista Patricia Juárez, dio a conocer que, por 13 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, había aprobado el dictamen que restablece la bicameralidad en el Perú, con base en 16 proyectos de ley presentados con ese propósito.

Se modifican 51 artículos de los 206 que tiene la Constitución (una cuarta parte) y se propone una Cámara de Diputados de 130 miembros, elegidos por cinco años, cuyo número podría aumentar “por ley orgánica”, según incremento poblacional; y un Senado de 60 senadores, elegidos por el mismo periodo.

En la nota de prensa de dicha Comisión, su presidenta señaló que “[en] el Pleno tiene que haber una maduración, un amplio debate con el aporte de los 130 congresistas sobre este tema tan importante para el retorno a la bicameralidad”.

Pero, me pregunto, ¿por qué solo en el Pleno? Intuyo la respuesta: “porque somos los representantes del pueblo”. Sin embargo, ¿por qué pasar por alto que, en diciembre de 2018, de 17 millones de peruanos consultados en referéndum, 13 millones desaprobaron tal iniciativa?; ¿por qué el Congreso —que, según la última encuesta del IEP, tiene 85% de desaprobación y 88% de percepción como la institución más corrupta— debiera hacer esta reforma estructural sin incorporar a la población en el debate?

Omitir la participación del pueblo es un error mayúsculo.

Pero, fuera del Parlamento, diversos expertos opinan a favor de la propuesta porque, se dice, mejorará la calidad de las leyes, se controlarán las decisiones precipitadas de una cámara única, y se reservará el debate de los grandes intereses nacionales en el Senado, que debiera ser integrado por personas de mayor trayectoria.

¿Cómo discrepar de tan noble sueño? No estoy en desacuerdo con que sea más conveniente que el unicameral que nos rige desde hace 29 años. Mi desacuerdo estriba en que no debemos entrar a siquiera pensar en restituir la bicameralidad sin abordar, previamente, tres puntos: primero, cómo mejorar la representatividad; segundo, cómo y por qué integrar a la población en este debate; y tercero, qué tipo de Senado concebimos, de cara a sus competencias referidas al ejercicio del poder de otros órganos constitucionales autónomos.

Sobre el primero, el problema de fondo está en la mejora de la representatividad, lo cual nos conduce a un debate más profundo: la reforma política. Si no introducimos reformas políticas mínimas para mejorar la representación, ¿cómo el Senado mejorará la calidad del Parlamento? Por el contrario, no hacerlas traerá consigo que el problema sea aún mayor, porque los problemas actuales se extenderán a la segunda cámara. ¿Acaso solo con un vehículo de alta tecnología no habrá accidente alguno si quien lo conduce es el chofer de una combi asesina?

Con relación al segundo. El abrumador resultado del “no” al retorno a la bicameralidad en diciembre de 2018 obliga a la clase política a hacer “política”. Pero una decente y docente que explique y justifique qué se busca mejorar y se recojan propuestas de la ciudadanía. No solo para retroalimentar la propuesta, sino para consultarla a la población vía referéndum (artículo 206 de la Constitución) por dos razones: la primera, por la legitimidad de un resultado favorable; y la segunda, porque modificar la cuarta parte de un texto constitucional que altera la anatomía del Parlamento y su impacto en el ejercicio de sus competencias y las de otros órganos constitucionales excede su poder de reforma parcial. Así, al participar la ciudadanía en el proceso de deliberación vía referéndum, sanearía este vicio porque contaría con el aval del propietario del poder: el pueblo.

Y, finalmente, agotados los dos puntos previos, recién pensaríamos en el diseño del Senado y sus competencias. ¿Debe seleccionar y elegir al defensor del Pueblo y jueces del TC? ¿Debe poder removerlos, así como los miembros de la JNJ? ¿Cabe reformar el juicio y antejuicio político donde participa el Senado? Estas son solo algunas de las preguntas estructurales que, en mi concepto, conducen al debate sobre sus competencias, pero en una mirada más amplia de la reforma del Estado que fortalezca el sistema de pesos y contrapesos.

Por eso estoy en desacuerdo con la manera —y algunos de sus contenidos— en que el Congreso propone retornar a la bicameralidad. Una golondrina no hace verano. Y, en el Perú, cabe hacernos cargo de las inclemencias del clima político, de continua e incesante crisis, en que nos ha colocado la “clase política”.