El acoso del Sodalicio a Pedro Salinas y Paola Ugaz

El allanamiento de la casa del periodista Pedro Salinas, en Mala, en la madrugada del sábado, constituye un atropello brutal que evidencia tanto la paupérrima situación de la justicia peruana, como el poder insaciable del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

La intervención fue dispuesta por una sala de la corte superior de justicia de Lima, por requerimiento del ministerio público, alegando la búsqueda de pruebas de un supuesto delito de colusión en agravio del estado, por parte de dos decenas de fiscales y policías que incautaron el celular del periodista y un disco duro externo.

También quisieron llevarse su computadora con información del próximo libro de Salinas sobre abusos en el SVC, y un balance de lo ocurrido en el poder judicial, en la iglesia y en el ámbito político vinculado a esta entidad de fachada religiosa pero espíritu mafioso.

Esto no se concretó pues la computadora está empotrada a una pared de la vivienda, pero debe precisarse que la orden judicial limita el allanamiento a la búsqueda de pruebas del hecho investigado, un servicio profesional prestado por Salinas al ministerio público.

El pretexto son dos reuniones informativas organizadas con periodistas, de modo público y transparente, para informar del trabajo del ministerio público en casos de corrupción lava jato.

Este columnista participó, con varios colegas, en una de ellas. Puedo dar testimonio, como cualquiera de los presentes, que fue una cita informativa que es usual en entidades públicas y privadas para ofrecer información a periodistas cuya tarea es informarse para informar mejor a sus audiencias.

El allanamiento ocurrió en el marco de una denuncia interpuesta por Edgardo Palomino, quien, desde 2018, ha demandado a Salinas y a la periodista Paola Ugaz, quien también investiga y publica denuncias contra el SVC.

Eso refuerza la sospecha del motivo detrás del operativo. Ugaz y Salinas son víctimas, desde hace buen tiempo, de una tenaz persecución judicial y mediática por parte de personas cercanas al SVC, con el fin de impedir sus investigaciones sobre esta entidad pseudorreligiosa que se pervirtió hasta convertirse no solo en una plataforma para la pedofilia y los negocios ilícitos, sino en una verdadera organización criminal.

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