Para fortalecer las reformas

Otra vez tenemos una reforma importante en peligro. La discusión de la semana anterior se ha dado sobre lo difícil que es implementar reformas en el Perú. Sin duda, una de las principales causas por las que las reformas como la de educación superior y la de transporte son tan vulnerables de retroceder es porque existen detractores, contrarreformistas, cuyos intereses particulares se han infiltrado en el Congreso. De eso se dice mucho. Pero hay otro aspecto muy poco discutido que hace aún más difícil que estas reformas prosperen: los principales usuarios a quienes beneficia la reforma también son los que se oponen a ella. Hoy no vemos en las calles exclamando a los cuatro vientos la necesidad de reformar universidades a los jóvenes cuyas universidades han cerrado. El incentivo de largo plazo de resguardar una alta calidad en la educación superior no es tan atractivo para ellos como la necesidad, más a corto plazo, y directo, de terminar en cualquier universidad, tener un cartón y conseguir un empleo.

Desde el punto de vista formal, la reforma universitaria ha determinado que los jóvenes afectados por el cierre de las universidades sin licenciamiento, sean absorbidos por universidades públicas o privadas, pero en el mundo real, las universidades públicas no tienen la cobertura necesaria para alcanzar a los todos los afectados por el cierre; las universidades privadas, por su parte, se niegan a convalidar créditos de una universidad no licenciada pues argumentan, como es lógico, que la calidad no es la misma y que, por tanto, los estudiantes tendrían que retroceder varios ciclos de estudios, lo que significa un gran golpe frente a lo invertido en tiempo y dinero por los padres o por ellos mismos, quienes en su mayoría han ingresado a la educación superior producto de un gran esfuerzo con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y niveles de ingresos que los que tuvieron sus padres.

Una reforma queda coja si esta es solo legalista y no diseña ni asegura su propia funcionalidad. Sin la funcionalidad, no se podrá ganar legitimidad de los propios usuarios, que son quienes pueden ejercer esa presión necesaria para ir hacia el sentido de la reforma.

Funcionalidad y legitimidad son dos aspectos clave para implementar una reforma con éxito. En el caso del transporte sucede igual: el debate está centrado en si se prohíben o si se permiten taxis colectivos, pero no se está discutiendo sobre cómo se puede hacer para que los cientos de miles de pasajeros que hoy usan taxi colectivo se trasladen cuando los taxis colectivos dejen de existir. Si hoy, este sistema informal existe, es porque hay una demanda que los necesita y, por tanto, los legitima.

La generación de una oferta de calidad que sea una alternativa real a la oferta informal es entonces una tarea fundamental del Estado para emprender una reforma y legitimarla por los propios usuarios del servicio.

El destino de una reforma no debería depender de una discusión política dicotómica de reformistas versus contrarreformistas sino que debe incluir soluciones técnicas. Pero para construir legitimidad y funcionalidad resulta imprescindible añadir las percepciones de los propios usuarios.

A esto se le llama diseñar soluciones desde la empatía. Para tener empatía no basta con tener claro que el propósito beneficiará a los usuarios. La empatía es mucho más que eso, es ponerse en los zapatos de los usuarios que viven el problema y diseñar soluciones desde la perspectiva de ellos mismos.

Esta es la pieza clave para empoderar las reformas, reducir su resistencia a ella y hacer que estas sean más exitosas. A pesar de eso, la empatía es aún un valor escaso en el mundo del diseño de las políticas públicas.