La peligrosa contrarreforma política

Avanzar en la reforma política siempre es un reto. Porque lo que se apruebe implica reglas y mayores controles a los partidos, quienes, como destinatarios, deben también estar de acuerdo, para con ello aprobar las leyes.

El Perú ha pasado por varias olas de reforma política en los últimos veinte años. Una importante derivó en contar con una primera Ley de Partidos Políticos (2003). Otra se produjo con un proyecto presentado por el JNE (2011), que derivó en varias modificaciones a la normativa. Más recientemente, el Poder Ejecutivo presentó proyectos normativos, en los que siguió el trabajo de la Comisión de Reforma Política, formada por especialistas que elaboraron 12 propuestas (cuatro de reforma constitucional y ocho de reforma legal).

Producto del debate de estas iniciativas, entre los años 2019 y 2020 se aprobaron algunos cambios: (a) nuevas reglas para la inscripción y cancelación en el registro de las organizaciones políticas (Ley Nº 30995), que incide en los afiliados (con vinculación real con el partido) frente a los adherentes (que solo firmaban y apoyaban ocasionalmente); (b) paridad y alternancia (con un primer avance vía Ley Nº 30996, y luego ya de manera plena por Ley Nº 31030); (c) sobre financiamiento político, crear un delito especial para este tipo de conductas (Ley Nº 30997) y luego con una reforma más sustantiva sobre regulación de aportes, control y sanciones (Ley Nº 31046); y (d) la necesidad de participación ciudadana en la selección de candidaturas a través de elecciones internas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Ley Nº 30998). Esto último implica que las y los electores acudamos a votar entre toda la oferta que nos quieran presentar los partidos y, como ciudadanía, tengamos una presencia directa en quienes sean finalmente las y los candidatos/as.

Desde julio, el foco de la agenda legislativa no ha sido avanzar en la reforma política pendiente. Lo que más preocupa es que, con todo lo que cuesta cada norma aprobada, se busque retroceder en estos pequeños, pero significativos, avances. Durante la pandemia, algunas reglas se suspendieron, especialmente las que podían generar aglomeraciones y, con ello, potencialidad de contagio. Sucedió con la exigencia de acudir a votar para la selección de candidaturas. Era comprensible en ese contexto que no se realicen durante el año 2020 y que se reemplacen por la selección solo por los afiliados (elección cerrada), aunque prevaleció que elijan sus candidaturas vía delegados. La gran mayoría de partidos realizó elecciones por delegados (17 de 24), una tendencia que se repite desde 2003. Solo 7 de los 24 partidos realizaron elecciones internas bajo la modalidad de “un militante, un voto” y únicamente en 3 de ellos hubo realmente procesos competitivos (en que participó más de una lista). Además la participación fue bastante baja, menor al 30% del padrón de afiliados en el partido que tuvo más militantes presentes, e incluso, en un par de ellos, votación de menos del 1% de su padrón.

La semana pasada, parecía haber consenso en suspender nuevamente las elecciones internas, pero no se llegó a un acuerdo y tampoco en una segunda ocasión en que se debatió un texto sustitutorio. Sin embargo, luego se emitió una resolución del JNE y, tras ello, un comunicado de los 3 organismos electorales, en que piden adecuar las normas porque señalan que no pueden realizarlas.

Preocupa un nuevo retroceso sobre una iniciativa que buscaba generar cambios e ir trabajando en fortalecer los partidos políticos, una que, además, aprobaría el Congreso, pero que cuenta con la lamentable anuencia de los organismos electorales, de quienes esperaríamos más bien que contribuyan a avanzar en la reforma política y no a flexibilizar los requisitos aplicables a los partidos.