Lo que esperamos del Congreso

Esta semana que viene, nuevamente, se prevé un escenario político alborotado en el país. El 30 de setiembre se llevará a cabo la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, no por cómo está dirigiendo y tomando decisiones en ese sector tan estratégico en el marco de la reactivación que necesita el país, sino por sus vínculos con grupos terroristas hace varios años. Seguro el control político como función del Congreso es fundamental, sin embargo, dadas las circunstancias que afronta el país, la gente esperaría que avancen también en sus otras funciones, la legislativa y la de representación, en donde el Congreso debería tomar decisiones urgentes.

Hasta ahora en lo que más se han concretado al interno del Parlamento son comisiones investigadoras, 14 en total, cuatro especiales, entre las que están la que investiga el proceso electoral, los primeros cinco días del gobierno de Castillo, o la que verá presuntos delitos en los que se encuentren involucrados funcionarios de este gobierno. En legislación, la ley que interpreta cuestión de confianza que busca limitar el poder del Ejecutivo y la ley sobre la disposición del cadáver de Abimael Guzmán, no más.

Esta semana, tras el lamentable deceso de un importante magistrado del Tribunal Constitucional, hemos vuelto a plantearnos la necesidad del proceso de selección de magistrados de este máximo órgano, lo cual tiene que tomar en cuenta no solo la urgencia de los nombramientos por el retraso que se ha producido en el proceso tras las crisis políticas que lo frustraron, sino la necesidad de hacerlo con la mayor garantía de transparencia e idoneidad. El reglamento de elección necesita ajustes y modificaciones por deficiencias detectadas, por ejemplo, determinar cómo medir el criterio de “idoneidad moral” en los concursantes, pero hasta ahora no se sabe si esos problemas han sido abordados; de lo que sí se tiene conocimiento es que la comisión ha aprobado el Proyecto de Resolución Legislativa 254, que lo que busca es modificar el reglamento, pero en cuanto a puntajes. Si antes la entrevista personal solo tenía un peso de 25 puntos, hoy pretenden asignarle un peso de 50, con lo cual la evaluación curricular o de competencias no prima.

Otro asunto pendiente y que aún no está en la agenda inmediata es la conformación de la comisión para elegir al nuevo defensor del Pueblo, cuyo mandato venció el 6 de setiembre. Recordemos que este cargo es fundamental para garantizar el funcionamiento correcto de la administración del Estado y los derechos básicos de la población. Y si hasta ahora el Ejecutivo no termina de concretar quién se queda al frente del BCR, el Congreso tampoco parece preocupado por evaluar las tres plazas que también le toca designar en este organismo fundamental.

En medio de esta incertidumbre, los escándalos de parlamentarios comprometidos en actos antiéticos, de corrupción o acciones para agudizar posiciones parecen primar en el ambiente legislativo.

Mientras, los ciudadanos de a pie le hacen recordar a la representación algunos asuntos urgentes de cara a la crisis que vive el país. Se está reclamando una ley que declare la emergencia alimentaria para lograr acciones sostenidas de apoyo al hambre. Urge una norma que regule la donación y recuperación de alimentos de los mercados. Necesitamos revisar las leyes laborales para estos nuevos escenarios, más aún cuando ahora el Ejecutivo terminó con figuras como la suspensión perfecta. Los conflictos por temas mineros y ambientales continúan, también le compete al Congreso tomar acciones.

Resignarnos a que el Congreso se desempeñe mal como casi siempre no es una opción, tal vez necesitamos ir desde la ciudadanía ayudando a marcar la agenda.