Corrupción: la cuadratura del círculo

El tema de la corrupción estuvo reiteradamente presente en la campaña. “Por un Perú sin corrupción”, expresó con firmeza Pedro Castillo al jurar como presidente ayer haciendo de este objetivo un asunto transversal de todas sus propuestas. Este gran objetivo requerirá, sin embargo, una serie de afinamientos más allá del correcto planteamiento de fortalecer el sistema anticorrupción.

Junto con esa aproximación medular, la ambiciosa propuesta de inversión y obra pública suscita, de inmediato, interrogantes sobre no solo cómo evitar que sea una fuente de corrupción de funcionarios y de empresas constrictoras. La historia reciente y las décadas previas de historia nacional llevan, sin embargo, a conectar “obra pública” con corrupción.

Es un tema traumático en la historia del Perú, ya que muchas de las grandes fortunas privadas hechas en los siglos XX y XIX tuvieron que ver con los sobornos y la venalidad en la concesión o en los contratos de construcción de carreteras, ferrocarriles, represas o colegios. La dramática experiencia reciente que dejaron Odebrecht y otras empresas acaba siendo una raya más al tigre. Tremendas semejanzas con los asombrosos negocios de Enrique Meiggs en el siglo XIX en la construcción de ferrocarriles.

En la crítica situación presente convergen dos asuntos que estaban como telón de fondo en el anuncio de una urgente y masiva inversión en obra pública. De un lado, una situación fiscal equilibrada, envidiable dentro del contexto regional, y que promete sostenerse a corto plazo con los altos precios del cobre, oro y zinc. Por otro lado, la urgencia de inversiones en salud, educación y carreteras dadas las necesidades objetivas del país y los planteamientos electorales medulares hechos por el presidente Pedro Castillo.

Y aquí viene lo de la cuadratura del círculo: cómo hacer eficaz el anuncio de inversión pública y, a la vez, impedir la corrupción. A partir de una larga historia nacional de corrupción, se han diseñado y puesto en marcha fórmulas de previsión y de control previo de la corrupción cada vez más complicadas y engorrosas —y hasta arbitrarias— que tienden a repercutir en una brutal ineficiencia y lentitud en el gasto público.

Consecuencia: suelen terminar los años presupuestales — tanto en el gobierno central como en los regionales y locales— con montos enormes que no se han ejecutado. Por ejemplo, lo que sufrimos el 2020: el año previo (2019) uno de los tres ministerios con menor porcentaje de ejecución fue Salud (41,2%). Todo, en buena medida, por miedo a poner la firmita. Y vimos el desastre generado por la pandemia dentro de ese contexto.

Hay una serie de reglas que parecen diseñadas para inviabilizar un gasto eficiente y que en teoría se han creado para “prevenir” la corrupción. Tres ejemplos: 1) Procesos de selección que no fomentan elegir lo mejor sino lo más barato; por lo general termina saliendo más caro. 2) Contratos inflexibles que no generan incentivos para que los contratistas sean más eficientes o se pueda hacer modificaciones ágiles. 3) Una Contraloría que muchas veces paraliza y atemoriza a los funcionarios, muchas veces honestos, en vez de concentrar sus recursos en la persecución exhaustiva de los responsables de actos de corrupción y no en quien pudo haber cometido un error.

Indispensable modificar radical y profundamente desastrosas normas que regulan los procesos de ejecución del gasto público. Eso requiere simplificar procesos de licitación, ejecución del gasto y demás, junto con las previsiones necesarias frente a los verdaderos riesgos de corrupción. Sin eso, nada de lo anunciado se podrá llevar a cabo. Podría el nuevo gobierno generar una comisión de trabajo a la que se encargue, con un plazo muy breve, que proponga criterios sustantivos y operacionales que destraben este funcionamiento ineficiente y que hagan de las herramientas de control un efectivo mecanismo de acompañamiento de procesos transparentes y eficaces de inversión y gasto público.