Encuestas prohibidas

Es tal la profusión de encuestas que circulan por las redes, que la prohibición de publicarlas parece una broma de mal gusto. Y la distorsión de las cifras, el uso que hacen los candidatos de mediciones “bamba” y el descontrol tanto sobre el origen y la calidad del dato, nos ponen frente a la siguiente disyuntiva: la prohibición de publicar resultados oficiales a una semana de las elecciones beneficia a los electores o, al contrario, alienta a los falsificadores de información que se aprovechan de la velocidad de las redes sociales para difundir sin verificar.

Como dice Fernando Tuesta Soldevilla, la prohibición de publicar encuestas es una medida del siglo pasado. Con baja internet y sin redes, se entendía que las autoridades velaran por no afectar la voluntad popular en las urnas. Ahora, la publicación de encuestas al borde de una elección alentaría a las empresas a mejorar sus procesos porque sus resultados tendrían que coincidir con los conteos oficiales para mantener credibilidad. También obligaría a las malas encuestadoras a no “fabricar” resultados a gusto del cliente.

Corre por cuenta de los organismos electorales garantizar que las empresas encuestadoras reúnan las condiciones técnicas para realizar su trabajo y que están obligadas a cumplir con sus compromisos éticos. Las encuestadoras saben que su principal capital está en su credibilidad. Es evidente que un período oscuro en el Perú lanzó muchas sombras sobre el trabajo de ciertas encuestadoras y aún hoy esa desconfianza se proyecta sobre los resultados publicados. La recuperación de la confianza es una tarea pendiente y que debe ser emprendida sin dilación en beneficio de la democracia.

La reforma política que quedó trunca traía entre sus postulados la eliminación de la publicación de encuestas y le daba un nuevo plazo: 24 horas antes de la realización de los comicios. Era un paso adelante que nos ponía a la altura de legislaciones latinoamericanas y más cerca de las normas anglosajonas, que no tienen ningún plazo de publicación.

Sería importante que el nuevo Gobierno que se instale a partir de 28 de julio y el nuevo Congreso emprendan la tarea de modernizar la legislación electoral en beneficio de un ciudadano del siglo XXI más informado, más crítico y más dispuesto a ejercer sus derechos.