Gasoducto para la transición energética

En enero del 2017 caducó la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), formado por Odebrecht, Enagás de España y Graña y Montero, pues no consiguieron el cierre financiero del proyecto (la plata para construirlo): las acusaciones de corrupción a Odebrecht ya habían comenzado y el 2016 en Nueva York admitió coimas en varios países, incluido el Perú.

Caducado el GSP, el gobierno contrató a la reconocida consultora inglesa Mott MacDonald (MMD) para una revisión integral: el desprestigio era grande por la corrupción y era necesario devolverle credibilidad.

Los adversarios dijeron que el gasoducto no solo era “corrupto”, sino que, además, era inviable pues no había reservas, la capacidad de los tubos estaba “inflada” y no había una demanda que lo justificara.

El informe de MMD dice tres cosas clave. Una, que sí hay demanda de 4.85 TCF para los 35 años del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SIT Gas) con un consumo de 474 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). Dos, que sí hay reservas por 5.37 TCF: la mayor parte viene del Lote 58, de la estatal china CNPC con 2.13 TCF (1).

MMD también analizó alternativas. Uno, el transporte marítimo desde Peru LNG en Cañete (desde allí se exporta). Dos, el “gasoducto costero”: desde Pisco iría por tierra hasta Arequipa y de ahí “subiría” a la sierra. Tres, seguir la misma ruta que el caducado GSP. Resultado: la alternativa marítima fue la más cara, seguida del “gasoducto costero” (ver gráfico). La más económica y eficiente es la misma ruta del caducado GSP: US$ 4,320 millones.

El proyecto tiene rentabilidad económica. La rentabilidad social es US$ 4,580 millones (el gas sustituye a los combustibles caros) y se paga en dos años. ¿Se imaginan todo el sur con GNV con precio regulado del Lote 88? Chau a las huelgas porque sube la gasolina. También chau a las protestas porque sube el balón de GLP: la población ya tendría gas a domicilio (como en Lima).

Queda claro que hay que licitar el nuevo proyecto. El problema es que hay tubos comprados por el consorcio GSP cuyo valor aún no se determina. Eso tiene arreglo. Hay que “encapsular” los procesos de corrupción (Odebrecht y GyM tienen acuerdos de colaboración eficaz; Enagás nos ha demandado en el CIADI y es investigada por la fiscalía). Mientras se cumple el debido proceso, la licitación va: los postores hacen sus ofertas, se otorga la buena pro, el gobierno embarga el valor de los tubos (se crea un fideicomiso) y la construcción comienza.

Para terminar. Uno, el MEM plantea la licitación en el 2022. Tardísimo. Dos, que Perú no es dueño de las moléculas de gas debido a los contratos-ley y tiene que negociar el destino de las reservas con sus actuales dueños. Mal. Tenemos que recobrar la soberanía y decidir el destino de nuestros recursos naturales. Un camino sería consultar a la población si quiere el nuevo proyecto integral: con reservas, transporte, demanda y rentabilidad aseguradas para reducir la desigualdad, abaratando el consumo de energía, como en Lima.

Tres, que se materialice el Plan Integral de Cambio de la Matriz Energética para ser un país carbono neutral en el 2050, reduciendo de 30% a 40% las emisiones de carbono hacia 2030, como lo anunció en diciembre el presidente Sagasti en la Cumbre sobre la Ambición Climática 2020. Para eso hay que impulsar las energías renovables (eólica, solar y biogás) que hoy solo cubren el 5% de la demanda de electricidad (Chile llega al 30% este 2021). E impulsar la electromovilidad (autos eléctricos), lo que implica aprovechar el litio de Puno para las baterías. El gas natural es el “puente”, pues es mucho más limpio que el petróleo y el carbón.

A esa transición energética se dirige el mundo. Va a demorar 30 años o más, pero vamos también nosotros.

Para un análisis detallado de la demanda y las reservas, véase: otra mirada, 25/2/2021: http://www.Otramirada.Pe/gasoducto-al-sur-relanzamiento-soberano