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Opinión

Estado culpable

“En hecho inaudito, la Fiscalía decidió acusar a la niña de ‘autoaborto’, que tiene en el Perú la pena más severa...”.

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Camila, no es su nombre real, pero su historia sí, real y cruel. Su identidad es protegida por tratarse de una menor de edad, una de las tantas niñas que sufre violación y un embarazo no deseado porque el Estado no la protege, por lo contrario, la revictimiza.

Es una niña indígena que vive en la sierra del país. Su padre la violó por primera con apenas nueve años y padeció ese sufrimiento por cuatro años hasta que a los 13 quedó embarazada y decidió contar quién era el monstruo que abusaba de ella. Pero revelar los hechos no alivió su calvario, un nuevo camino de abusos se abrió para ella, como suele pasar en este país con las mujeres y menores violentadas.

Su madre, una mujer quechuahablante que padece una discapacidad física severa, decidió defender y acompañar a su hija en el largo camino que han emprendido buscando justicia. Interpuso una denuncia y solicitó el aborto terapéutico pues se trataba de un embarazo de alto riesgo, pero no importó. La solicitud no fue atendida a tiempo y Camila sufrió una pérdida espontánea.

En hecho inaudito, la Fiscalía decidió acusar a la niña de “autoaborto”, que tiene en el Perú la pena más eleva da para casos de aborto, y la sometió a un proceso penal cargado de diligencias humillantes como la reconstrucción de los hechos con su violador y la exhumación de los restos producto del abuso sexual. La justicia peruana pasó a tratarla de víctima a victimaria y la halló responsable del delito imponiéndole supervisión y el trato de “adolescente infractora”.

En el 2019, según el Minsa, se registraron 1.303 nacimientos de “madres” menores de 15 años. Cada día cuatro menores de 15 años se convierten en madre producto de una violación sexual. El 52% de las mujeres violadas tenían entre 12 y 17 años y el umbral de riesgo de violación está entre los 10 y 13 años.

Camila tiene ahora 16 años, está por terminar la escuela y quiere seguir estudiando. Su violador paga cadena perpetua y su caso será llevado a los tribunales internacionales para que el Estado peruano se siente en el banquillo de los acusados por no protegerla ni defenderla sino infringirle más sufrimiento y abandono. Que pague su culpa.

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