Expresidenta de Argentina es investigada por el caso de los denominados 'cuadernos de las corrupción', en la que se constatan sobornos hacia ella y los funcionarios de su gobierno.,La primera sala de la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó que llevarán a cabo el procesamiento con prisión preventiva en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y Roberto Baratta por el caso de los 'cuadernos de la corrupción', en la que se les acusa de liderar una asociación ilícita dedicada a la recepción de sobornos durante su gobierno. Este Tribunal también incluye como miembros de dicha organización al financista Ernesto Clarens, al ex secretario José López, y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Sin embargo, se retira a los empresarios que un inicio estaban implicados, tales como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza, Gabriel Romero, Juan Chediack o Enrique Pescarmona. Ellos serán cursados solo por el delito de cohecho y los que se encontraban bajo prisión preventiva y/o arresto domiciliario, quedarán en libertad. PUEDES VER Los Macri implicados en los Cuadernos de la Corrupción Asimismo, la resolución pide el embargo de 1 500 millones de pesos para Fernández, a quien también se le halló responsable por ser coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo, es decir, recibir sobornos, detalló el portal El Clarín. Para los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el hecho que la ex presidenta no haya recibido dinero de manera explícita, eso no significa no haya tenido conocimiento del sistema de recaudación, el cual existe desde el gobierno del fallecido Néstor Kirchner. "(Existió) una comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal (...) los distintos funcionarios intervinientes operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria", se puede leer en el documento que es citado por Clarín. PUEDES VER Detienen a mujer que amenazó por Facebook a fiscal que investiga a expresidenta de Argentina En tanto la justificación para la solicitud de prisión preventiva se basa en el hecho que de la existencia de peligro procesal a partir de un entorpecimiento de las las investigaciones, causadas por los vínculos que la expresidenta Fernández mantiene con algunos empresarios y "medios (de comunicación) afines". Con esta medida, el juez federal Claudio Bonadio podrá pedir al Senado argentino el desafuero para la investigada, quien ahora sigue ejerciendo sus funciones y goza de fueros.
