Advierten. La población penitenciaria crecerá a una tasa anual de 5,3%, lo que aumentará el hacinamiento en las cárceles. En la actualidad hay más de 91 mil presos. Ejecutivo busca atraer inversiones a través de asociaciones público privadas., El grado de hacinamiento que tienen las cárceles peruanas acarrea problemas diversos, como se ha visto en las semanas recientes. En los próximos años, por el ritmo al que crece la cantidad de reos, el panorama puede empeorar si el sector no recibe una millonaria inyección de inversiones. PUEDES VER: Ministerio de Justicia: comisión especial enfrentará demanda de 63 terroristas Según el Ministerio de Justicia (Minjus), ente rector en el rubro, 91 mil 267 personas integran la población del sistema penitenciario. De esa cifra, 75 mil 637 ocupan una 'plaza' (espacio individual del interno) en algún centro de reclusión del país. El resto se encuentra en libertad con beneficios o penas limitativas de derecho. Hacia el 2035, según las proyecciones del Minjus, la cantidad de presos crecerá a una tasa de 5,3%. A esa velocidad, la brecha entre capacidad de albergue y el número de reos alcanzará las 164 mil 300 plazas. El déficit actual es de 39 mil, cifra que ya es considerada elevada. Para cubrir esa nueva demanda, en los próximos 20 años el Estado debería construir 83 cárceles que se sumarían a las 67 ya existentes, asegura Ysela Lévano, jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones del Minjus. Concretar estos proyectos demandaría un gasto de S/ 18 mil millones, monto 'inmanejable' para el erario público. Estrategia No corregir el déficit de infraestructura, según el diagnóstico del ministerio, complicará la rehabilitación social de los internos, lo que a su vez se reflejará en el incremento de la delincuencia y aumentará el riesgo de 'levantamientos y conflictos'. En este escenario, el Estado ha planteado como estrategia atraer inversiones a través del esquema de asociaciones público privadas (APP). A diferencia de una concesión tradicional, en una APP la empresa no solo se encarga de producir infraestructura y dotar equipamiento, sino que los administra y opera para brindar un servicio. En la actualidad, el sector penitenciario no ha recibido ninguna propuesta para desarrollar APP, según confirmó a La República, Carlos Herrera Ferret, director ejecutivo de Proinversión. Carlos Salazar, director de Consultoría de PwC, asegura que existen en la región empresas que ya administran con éxito cárceles en Chile, Colombia y Urugay, las cuales también están interesadas en invertir en el Perú. Para atraer esos capitales, dice el experto, se deben respetar 'buenas prácticas internacionales', como no transferir al privado responsabilidades propias del Estado. Entre ellas se encuentran la seguridad interna de la cárcel y los programas de reinserción de los presos. Lévano, no obstante, indica que la inversión se pueden concentrar en construir, ampliar o remodelar penales; administrar servicios de limpieza, alimentación, salud y educación o gestionar sistemas seguridad externa y control de ingresos. Las oportunidades están, pero el dinero aún no llega para ejecutar los proyectos. Graves demoras en concesiones Las concesiones para instalar bloqueadores y grilletes electrónicos son los antecedentes más directos en que el Estado ha cedido la administración de servicios penitenciarios a un privado. En el caso de los bloqueadores, la iniciativa fue presentada en 2012 por la empresa Prisontec. El contrato se firmó recién en 2014 y, según los compromisos asumidos, para el 2016 un total 33 penales deberían tener bloqueadores funcionando. Ese objetivo no se ha cumplido. En cuanto a los grilletes, la propuesta también se presentó en 2012. A la fecha, tras un largo proceso liderado por Proinversión, el contrato no ha sido suscrito.
