Infraestructura sin costo de corrupción

El Gobierno estima que la brecha en infraestructura en los sectores estratégicos es de 69,000 millones de dólares, lo que equivale al 35% del valor del PBI. Esto solo considerando obras en agua e hidráulica, electricidad y energía, transporte, salud, educación y telecomunicaciones. Si este monto estuviera afecto a solo un costo de 5% por corrupción, estaríamos hablando de cerca de 3,500 millones de dólares que se perderían en actos ilícitos, monto superior a cualquier programa social básico. La inversión en infraestructura en el Perú es una de las piezas claves para incrementar la productividad e impulsar el desarrollo de nuestra economía. Además, ofrece réditos visibles en generacion de empleo, ampliación de cobertura y mejora de los servicios en el corto y mediano plazo. Por tanto, es importante que se hagan todos los esfuerzos para llevarlo adelante. Si bien se han creado sistema de incentivos como obras por impuestos y las asociaciones público privadas (APP) que aún están en proceso de evaluación y posibles mejoras, el escándalo de corrupción protagonizado por la multinacional brasileña Odebrecht nos muestra una debilidad que no debemos descuidar y por el contrario debemos combatir frontalmente. La corrupción es uno de los peores lastres para el desarrollo de un país y solo lleva a la degradación de la sociedad. El escándalo Obebrecht, una de las más grandes compañías constructoras de obras en infraestructura del país, nos muestra claramente que las cosas no andaban por buen camino en la industria de la construcción y los Gobiernos se desentendieron. Primero la actividad de la construcción está siendo atacada desde hace varios años por bandas delincuenciales que fungen de sindicatos de construcción civil para extorsionar a las empresas, pidiendo el pago de cupos. Esto ocurre luego del repliegue del sindicato de trabajadores de construcción civil de la CGTP. Vemos cómo las bandas se reparten territorios y se declaran la guerra, dando batallas campales en plena calle. Lamentablemente, al parecer muchos empresarios aceptan el chantaje, y este es un problema que debería enfrentar seriamente el Ministerio del Interior y la Administración de Justicia. No es razonable para el empresario trabajar en un ambiente de inseguridad. Segundo, se requiere mayor fiscalización en los procesos de concurso, licitación y contratación de empresas para obras públicas, puesto que no tienen los candados necesarios para evitar la corrupción y colusión con malos empleados públicos y autoridades que exigen sus comisiones a los empresarios para darlos como ganadores. Y esto se ve en las numerosas denuncias que tienen los alcaldes y presidentes regionales. Un claro ejemplo es el caso de la corrupción en la región Áncash. Esta es la tarea de la Contraloría General de la República y otra vez el Poder Judicial. Tercero, la falta de ética de parte de algunos empresarios que aceptan pagar estas coimas e ingresan al círculo nefasto de la corrupción. Además estos pagos finalmente son cargados al costo de la inversión en infraestructura que finalmente se paga con el dinero de todos los peruanos. Aquí es tarea de los gremios empresariales como la Confiep y Capeco dar la batalla. Odebrecht ha demostrado que esta corrupción no solo se da a pequeña escala, sino que llega incluso a una empresa líder como esta. Donde por la magnitud y envergadura de las obras, contratan servicios profesionales para dar apariencia legal a sus fines nada honestos. Además, busca vincularse y financiar campañas electorales de los candidatos favoritos a la presidencia a fin de asegurar futuros negocios cuando estos lleguen al Palacio de Gobierno. Ya tenemos dos ex presidentes bajo investigación. La tarea para cortar de raíz con esta corruptela es ardua y amerita acciones inmediatas del Gobierno, Congreso, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial , UIF y Sector Privado, todos para asegurar que la construcción de las obras de infraestructura que necesita el país, para su desarrollo, no alimente la corrupción, y por el contrario se dé adecuadamente a su costo real, para asegurar un desarrollo sano y un bienestar general para todos los peruanos. Ante esto no podemos estar indiferentes y dejarlo pasar.