En el Congreso ha comenzado el debate sobre la propuesta del Apra para modificar la Ley Universitaria. En esencia, plantea que los integrantes de la Superintendencia de Educación Superior, Sunedu, sean nombrados por los actuales rectores de las universidades. En la práctica, esta postura implica retornar a la situación anterior, que la ley buscaba corregir. En efecto, anteriormente el sistema universitario era conducido por la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, una reunión de rectores que seleccionaba a uno como cabeza. Sin embargo, su dificultad para autorregularse había generado que descienda vertiginosamente la calidad de la enseñanza superior. Al volverse feudos casi autónomos, algunas universidades públicas cayeron en manos de argollas que lucraban más o menos abiertamente con las ilusiones de la juventud. Por su parte, las universidades privadas, surgidas bajo la ley del fujimorismo, fueron concebidas como empresas orientadas a producir ganancia y no a generar conocimiento ni formar profesionales. Algunas son competentes, mientras que otras no han pasado de estafas masivas y monumentales. Ante la evidencia de la degradación de la enseñanza superior, el anterior Congreso asumió que la recuperación de la calidad obligaba a montar instituciones que regulen a las universidades e impongan acreditaciones y mecanismos de estandarización. Gracias al empuje del general Mora y el sostén del ministro Saavedra, salió adelante una ley que instituye la Sunedu como un organismo externo con autoridad sobre las universidades. Esta entidad es totalmente necesaria porque la crisis del sistema universitario solo puede encararse desde fuera de sus órganos de poder institucional.El problema se origina en la composición de la Sunedu, puesto que sus integrantes son seleccionados por concurso público, menos su presidente (a) nombrado por el ministro de Educación. Es decir, el Ejecutivo controla la institución que regula el manejo de las universidades.Ese punto justifica el proyecto del Apra, porque según su lógica, la ley Mora viola la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y las leyes. En alguna medida el PAP tiene razón. Si el Ejecutivo nombra al responsable y lo puede remover cuando lo considera necesario, entonces, la cabeza depende del poder político. En la historia nacional una situación semejante es propia de algunos autoritarismos y no se ha presentado en democracia. Por ejemplo, Leguía y Velasco tuvieron organismos parecidos a Sunedu.Pero, el Apra quiere volver a una situación que todos los diagnósticos coinciden en señalar como pésima. Algunos analistas han destacado que el viejo partido de Alfonso Ugarte es instrumental al poderoso lobby de las universidades-empresa, fuertemente representado en el Congreso. Pero, más allá de sus intenciones, el proyecto del PAP se apoya en el tema de la autonomía para viajar al pasado. En la búsqueda de una solución al dilema, aparece una tercera opción: conformar íntegramente la Sunedu por concurso público. ¿Cuál es la razón para que su presidente sea nombrado por el ministerio y todos los demás integrantes por concurso? ¿Qué impide una Sunedu verdaderamente independiente? Puede serlo, si todo su directorio nace de la selección transparente de académicos experimentados. Ninguno le debería nada a la política y podrían asumir libremente el perfil técnico de su labor.En el Perú existe demasiada desconfianza en el poder político. Nadie lo cree independiente y se teme su vocación totalitaria. Por ello, en la arquitectura del Estado existen varios organismos constitucionalmente autónomos, que hacen contrapeso a los gobiernos de turno. Si el Congreso busca revisar la Ley Universitaria, puede avanzar en esa dirección, en vez de retroceder a un camino comprobadamente estéril.
