A la hora que escribo esta columna, el Jurado Electoral Especial (JEE) todavía no ha publicado el fallo que decidirá el futuro de Julio Guzmán como candidato a la presidencia por Todos por el Perú (TPP). La vocación por la tinterillada demostrada por el Jurado Nacional de Elecciones (que contaría con la complicidad del Apra, Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y varios lobistas, según afirma un demoledor artículo de Gustavo Gorriti) ha llevado a que una quinta parte del electorado esté por quedarse sin representante, luego de la súbita crecida que Guzmán experimentó en las últimas semanas. De seguir por el camino del JNE, el JEE habría consagrado un desatino: hacer que una irregularidad administrativa prime sobre el derecho constitucional a elegir y ser elegido. Algo que no le pasará a candidatos acusados por pagar a cambio de votos (Acuña), por no poder justificar sus ingresos de campaña (Keiko Fujimori y los S/710 mil recaudados en un cóctel del que apenas hay fotos), por haber incumplido su estatuto al momento de definir listas al Congreso y al Parlamento Andino (Acción Popular) o por inscribir irregularmente una alianza (como ocurre con el PPC, que forma Alianza Popular con el Apra de Alan Gracía). La falta de un partido político ha sido al mismo tiempo una bendición y una condena para Guzmán. Una bendición, porque ha sido la falta de un pasado como los que lastran al Apra, al fujimorismo o al PPC, lo que despertó expectativas en ese grueso de electores que se rehúsan a votar por un candidato denunciado por corrupción, por despreciar la democracia o por plagio, y están buscando desesperadamente una alternativa. Pero también una condena, porque su inexperiencia, ingenuidad y falta de previsión, sumadas a su imposibilidad de convocar masas y a la ausencia de cuadros competentes, capaces de asumir una vocería y presionar desde la opinión pública, están por costarle la elección. El caso es tan grave, que una publicación como The Economist se animó a publicar un artículo donde condenaba la posibilidad de que Julio Guzmán fuera expulsado de estas elecciones por una formalidad. A la hora que esta columna sea publicada, ya sabremos si el JEE habrá consagrado una aberración (según la mayoría de especialistas en derecho electoral), o si permite a Todos por el Perú seguir en carrera. Si ocurre lo primero, el debate pasará a centrarse en el beneficiario del importante caudal de votos que Guzmán deja libre. Si ocurre lo segundo, lo más probable es que el escándalo y la victimización le sirvan de fuelle a la candidatura del autodenominado “outsider”, y le garanticen el pase a la segunda vuelta. Semejante incertidumbre, a solo 50 días de las elecciones.
