Injusticia terrenal

El archivamiento de las denuncias contra Luis Figari, el fundador del Sodalicio, llama a la sorpresa y la indignación.,La noticia de que la fiscal María del Pilar Peralta archivó, por supuesta falta de pruebas, el denominado ‘caso Sodalicio’, es uno de esos hechos que provoca la sensación de que la justicia, en efecto, puede ser ciega justo cuando debe mirar y decidir. Es un resultado que hiere a las numerosas víctimas, a sus familias, y a la salud institucional y moral del país. Como se sabe, a partir de la publicación del libro Mitad monjes, mitad soldados de Pedro Salinas y Paola Ugaz, así como de numerosos testimonios que desfilaron ante la fiscalía, se intentó acusar a Luis Figari, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, nada menos que por secuestro, lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y violación sexual. La ruta para llegar hasta allí fue difícil, requirió desempolvar viejas heridas, y tener el coraje de seguir. Pasados unos meses, sin embargo, la fiscal Peralta ha decidido desestimar los testimonios, el trabajo de peritaje y todo el doloroso camino recorrido por las víctimas, bajo el insólito argumento de que faltan pruebas y solo le trajeron “palabras”. Como si los varios testimonios presentados, por estos graves hechos, no tuvieran el suficiente valor para ser considerados. Como si, incluso, no se tomara en cuenta que el propio Sodalicio, por decisión de sus actuales directivos, reconoció los abusos, conformó una Comisión de Ética para tal efecto y hasta recientemente, con posterioridad al fallo, ha anunciado que está reparando a las víctimas. En otras palabras, la actuación fiscal parece ignorar una parte crujiente de la realidad. La indignación es mayor cuando la fiscal sostiene que “las pericias demuestran que todos ellos llevaron vidas personales y profesionales exitosas”, una observación que adolece de una ligereza suprema, pues cualquier psicólogo, o simple observador, puede constatar que las personas tienen capacidad de superar los traumas. Pero no por eso estos dejan de existir y actuar en el presente. Salinas, José Enrique Escardó y otros de los denunciantes han sostenido que apelarán en este caso y continuarán con las denuncias. Se espera que la justicia dé un giro para que la impunidad, una vez más, no se instale en nuestro país. Para que se entienda que las organizaciones, del tipo que sean, no pueden instalar sistemas que aplasten a las personas y abusen de ellas. La Iglesia católica, además, debería reaccionar frente a este hecho con la misma indignación con la que, históricamente y desde su frente más progresista, ha rechazado diversas violaciones a los derechos humanos. Acá hay víctimas, que han sufrido por años; desconocerlas es poco evangélico incluso. Sería pecar de omisión frente a un mal que nos interpela a todos. Es esperable que este caso continúe y la lección que la sociedad, creyente o laica, puede sacar es que no hay derecho a crear estructuras que sometan a las personas, que les hagan perder decisión y dignidad. Es muy difícil pensar que nada, nada de lo relatado por las víctimas ocurrió. Y es muy triste pensar que la justicia ignore toda esta historia como si fuera solo un cuento. Desde este diario, hacemos un llamado para que la sociedad, las autoridades y la propia ciudadanía entiendan que la impunidad no es una buena lección o elección para nadie.